Me imagino que muy pocos peruanos acudirán este domingo a votar con algo que no se parezca al miedo. Aunque las propuestas de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP) difieren ampliamente en la forma, en el fondo tenemos dos candidatos que, mirados objetivamente, no nos garantizan que respetarán el orden constitucional, la institucionalidad democrática ni la estabilidad macroeconómica.
Si algo nos dejaron en claro los debates, es que ambos bandos creen que tienen la autoridad moral de echarle la culpa al otro de la crisis de gobernabilidad, inseguridad y el estancamiento económico en el que nos encontramos, a punto de dar un salto a un nuevo capítulo en la vida política del país con un Congreso bicameral.
FP pinta como responsable a Roberto Sánchez por haber sido parte del gobierno de Pedro Castillo que fue, en sus mejores momentos, un caos y, en sus peores, un régimen golpista y mortífero para la inversión privada.
También, con razón, critica su plan de gobierno que busca cambiar el modelo económico, promueve el estatismo y fomenta la informalidad con un aumento del sueldo mínimo.
Por su parte, el equipo de JP dibuja a Keiko Fujimori como la lideresa de un partido que ha creado la crisis de gobernabilidad actual abusando del poder del Congreso, debilitando otros poderes del Estado y que ha priorizado el aplauso de la tribuna a la responsabilidad fiscal, base de la estabilidad macroeconómica que dice defender.
En este contexto es interesante pero desesperanzador leer el último informe de la agencia Fitch Ratings sobre las elecciones peruanas, en las que reconoce –como es innegable– que la agenda de Keiko Fujimori es positiva para la inversión privada, mientras que la de Sánchez genera incertidumbre sobre qué pasará con la tributación, las regalías, el respeto a los contratos y el intervencionismo estatal.
Pero advierte que, independientemente de quién gane este domingo, la falta de gobernabilidad y la fragmentación en el Congreso van a limitar la capacidad del próximo gobierno para implementar reformas estructurales y promover la ejecución de proyectos mineros críticos para el crecimiento económico.
Mientras los peruanos decidimos por quién votar, Fitch Ratings ve, en cualquiera de los dos escenarios, que se postergarán las decisiones de inversión y se ralentizará la ejecución de proyectos privados.
El reto para quien gane este domingo será buscar consensos para que salgamos de esta telaraña de inestabilidad en la que estamos retorciéndonos desde el 2017 sin repetir sus errores del pasado: tratar de dominar desde la fuerza o de patear el tablero desde la debilidad.
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