El escenario económico que enfrenta el Perú para lo que resta del 2026 es sumamente retador. A nivel internacional, ya estamos sujetos al impacto del significativo incremento en los precios de insumos como el petróleo, el gas y los fertilizantes. Insumos que son determinantes en la composición de costos de productos y servicios que requerimos a diario, y cuyo aumento de valor amenaza con situarnos, nuevamente, en un escenario de inflación elevada a nivel global, similar al que se experimentó entre el 2022 y 2023 (tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania) y que nos trajo enormes dificultades.
A raíz de la guerra en Medio Oriente y la paralización en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, el costo del barril de crudo Brent se ha disparado un 63% solo en el tercer mes de este año, registrando un aumento incluso mayor al que se percibió tras la invasión iraquí en Kuwait en 1990, y nada nos asegura, a la fecha, que este contexto pueda revertirse de manera célere.
La Eurozona ya experimentó un repunte en su inflación de hasta 2,5% al cierre del último mes, y todo apunta a que la misma tendencia se percibirá en gran parte del continente americano. Hoy, de hecho, se revelarán las cifras de la inflación anual en Lima al cierre de marzo, y el Banco Central de Reserva (BCR) ya anticipó que esta podría situarse muy cerca del 3%; es decir, bordeando el límite superior del rango meta (entre 1% y 3%) que establece la entidad monetaria. Recordemos que marzo fue un mes bastante inusual para nuestro país, pues a los efectos del conflicto en Medio Oriente –que, en realidad, se sentirán con mayor fuerza en los próximos meses– se sumó el impacto por la deflagración del ducto de Camisea, que gatilló un alza en los precios de la energía a niveles alarmantes y afectó a industrias y hogares a nivel nacional.
Estos son escenarios adversos que el país ya ha enfrentado de una u otra manera en el pasado. Sin embargo, en medio de una contienda política fragmentada y aún incierta, el panorama futuro es bastante difícil de predecir. Y es que, en los últimos años, la estabilidad macroeconómica que ha caracterizado al Perú, destacándonos como un “milagro económico” en la región, ha estado bajo amenaza constante; una amenaza que se sostiene por candidatos que ignoran la necesidad de proteger uno de los pilares más sólidos de lo que nos queda de institucionalidad, pese a lo importante que ha demostrado ser para que el país no viva paralizado en la última década de crisis política.
Antes de acudir a las urnas y votar por las mismas opciones de siempre, hay que tener muy presente que este Congreso –con la mirada cómplice del Poder Ejecutivo en varios casos– nos ha llevado a una situación límite que implicará una cuantiosa factura en el mediano plazo, y lo ha hecho mediante la aprobación de leyes populistas que pierden toda buena intención al carecer de niveles mínimos de responsabilidad fiscal. Antes de acercarnos a votar este domingo 12 de abril, hay que recordar que el Consejo Fiscal ha advertido que, solo en el último mes, los parlamentarios que hoy dicen legislar por el bien del país aprobaron 11 normas que generan obligaciones de gasto anuales por más de S/11.000 millones, que ellos no tendrán que asumir, pero que comprometen al próximo gobierno, que deberá ver de dónde saca dinero para cubrir ese costo y mucho más.
Antes de elegir, informémonos debidamente. El futuro macroeconómico del país depende de ello.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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