La campaña para las elecciones generales del 12 de abril de 2026 ha comenzado y, como es habitual, el debate público empieza a inundarse de promesas grandilocuentes. Candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado ofrecen soluciones inmediatas a problemas complejos, aun cuando muchas de sus propuestas resultan abiertamente incompatibles con las funciones que la Constitución les asigna.
No faltan postulantes al Senado que, en plenos actos de proselitismo, ofrecen elaborar proyectos de ley para erradicar la corrupción o reformar el sistema de justicia. Otros, incluso, proponen iniciativas legislativas dirigidas a modificar sustancialmente las leyes orgánicas del Ministerio Público y demás entidades del sector. Lo cierto es que ninguna de estas promesas es viable, lo que refleja una ignorancia supina por parte de quienes aspiran a cargos de tal envergadura.
En efecto, de conformidad con la reciente reforma constitucional, el artículo 102-A establece con claridad las atribuciones del Senado. Resulta evidente que quienes ocupen una curul en dicha cámara no tendrán iniciativa legislativa; es decir, no podrán elaborar proyectos de ley. Su función se limitará, entre otras tareas, a aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados. Vale decir, la función que desempeñen será meramente de control sobre lo propuesto en la última cámara antes indicada. En ese sentido, aquellos candidatos a la Cámara del Senado que tengan como propuestas que vayan en la línea de lo señalado, no deberían – siquiera – ser tomados como opciones serias para las elecciones generales.
Lo mismo sucede con candidatos a la Cámara de Diputados cuyas propuestas se refieren a incrementar el gasto público o crear partidas presupuestarias. El artículo 79 de la Constitución es tajante: los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos. Así, cualquier promesa dirigida a la creación de planes sociales o ejecución de obras es un reflejo de la falta de capacitación de los postulantes y de su afán por obtener una plaza a costa del populismo y el timo al electorado.
Las elecciones del próximo año son cruciales. Se desarrollarán en un contexto de profunda desafección ciudadana, marcado por una percepción de debilidad institucional. El proceso no solo definirá un nuevo gobierno, sino que probará la capacidad del sistema democrático para canalizar el descontento de la población. Para ello, en nada ayuda la participación de candidatos improvisados que ignoran su rol trascendente, lo cual impactará de forma perjudicial en la decisión que los ciudadanos tomen en las urnas el próximo 12 de abril.
La persistencia de estas promesas inviables pone en entredicho no solo la integridad de los candidatos, sino también la de las propias organizaciones políticas. Los partidos, que deberían funcionar como filtros de calidad y escuelas de formación ciudadana, parecen haberse convertido en meras plataformas de inscripción que priorizan la popularidad o el financiamiento de campaña por encima de la solvencia intelectual. Al permitir que sus cuadros postulen con discursos que contradicen o inobservan lo establecido en la Constitución, las agrupaciones políticas se hacen cómplices de un engaño estructural que erosiona la confianza en la futura gestión del Congreso.
Esta situación traslada una carga pesada, pero ineludible, al ciudadano. En un escenario donde el populismo legislativo se disfraza de “sensibilidad social”, el voto informado deja de ser una opción deseable para convertirse en un imperativo ético. Detectar a un candidato que ofrece lo que constitucionalmente no puede cumplir es la primera línea de defensa contra la demagogia. Si el elector no castiga en las urnas la ignorancia de la ley y de la Constitución, el resultado será un Parlamento paralizado por la frustración, incapaz de articular reformas reales y limitado a la producción de leyes declarativas sin presupuesto o iniciativas destinadas al archivo por su evidente inconstitucionalidad.
En última instancia, el éxito de la transición hacia la bicameralidad no dependerá de la arquitectura del edificio legislativo, sino de la estatura moral y técnica de quienes lo habiten. No podemos esperar una democracia sólida si permitimos que el camino hacia ella esté pavimentado con mentiras electorales. El 12 de abril de 2026, el Perú no solo elegirá representantes; decidirá si convalida el timo como herramienta de campaña o si exige, finalmente, una política que se mueva dentro de los márgenes de la Constitución y el respeto al electorado.
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