Al menos 10 gremios empresariales- entre ellos la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ADEX, Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Confiep- han demandado, en dos pronunciamientos, que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) someta a una auditoría los sistemas que utilizó en las elecciones generales de 2026.
En el primer comunicado- firmado por la SNI, ADEX, CCL, la Asociación Automotriz del Perú, CANATUR, Perú Cámaras, AGAP, la Plataforma Nacional de Gremios MIPYMES y la Sociedad Agrícola de Arequipa- los referidos gremios expresaron su preocupación “y enérgico rechazo antes las irregularidades públicamente evidenciadas” en los comicios del 12 de abril.
También remarcaron que “estas irregularidades vulneran el derecho constitucional al voto libre” y “colocan al Perú en una situación de grave crisis institucional, generando un daño irreparable a la confianza ciudadana”.
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Por ello, estos gremios demandaron la contratación inmediata de “una firma auditora de reconocido prestigio internacional” que evalúe los sistemas de la ONPE y la integridad de todos sus procesos involucrados en las elecciones generales. Asimismo, el procesamiento y sanción de los altos funcionarios responsables por el retraso en la distribución del material electoral, sea por acción u omisión.
(Foto: SNI)
Y como medida complementaria, los empresarios exhortaron al establecimiento de “un control concurrente integral” del sistema electoral antes, durante y después de las elecciones generales, cuya segunda vuelta se realizará el domingo 7 de junio, con el objetivo de que se “garantice resultados fieles a la voluntad popular”.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), por su parte, sostuvo que resulta “fundamental para la legitimidad democrática” que se garantice la transparencia del proceso electoral.
En ese sentido, demandó que las autoridades electorales y a la contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Publico adoptar una serie de medidas, una de ellas, la realización de una “auditoría independiente” de los sistemas informáticos electorales.
También que la ONPE y el JNE informen con claridad y oportunidad “las medidas que se implementarán para asegurar una segunda vuelta con plenas garantías para el ejercicio del voto y el correcto conteo de los resultados”.
(Foto: Confiep)
La Confiep, además, exhortó a los organismos electorales a comunicar oportunamente sobre el cumplimiento de los hitos del proceso electoral, en clara referencia a la distribución del material electoral.
En otro momento, los empresarios solicitaron que se garantice “la máxima transparencia en la revisión y resolución de las actas impugnadas pendientes de contabilización”.
Desde Pisco, en Ica, a donde llegó a realizar actividades proselitistas, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) respaldó la solicitud de auditoría de los gremios empresariales.
“Yo sí creo que toda medida que pueda corregir [los errores de la ONPE] será importante de cara a analizar los resultados de primera vuelta y, sobre todo, de cara a la segunda vuelta. Este pedido me parece importante y esperamos que esto [la auditoría] puede hacerse en estas semanas”, manifestó en declaraciones a la prensa.
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El exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello, experto en derecho electoral, consideró que “es interesante” que los gremios empresariales no se hayan sumado a la narrativa del fraude ni a la solicitud de elecciones complementarias, que realiza el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) desde hace un par de semanas. Agregó que es positivo que hayan solicitado una auditoría a los sistemas informáticos de la ONPE.
“Todos los programas que se utilizaron para las elecciones, para el antes, durante y el conteo de los votos, tienen que ser revisados, se le debe dar tranquilidad a la ciudadanía. La ONPE debe aceptar lo que le están pidiendo los empresarios, sobre todo cuando hay tantos cuestionamientos”, manifestó.
En comunicación con El Comercio, Tello aclaró que la auditoría no detiene el conteo de los resultados de la primera vuelta.
“Me parece saludable que la sociedad civil, a través del empresariado, intervengan y se conviertan en grupos de presión. Que ellos marquen una ruta, y pidan esta auditoría, es lo más adecuado, muchos ciudadanos piensan que ocurriendo cosas irregulares. Y si la ONPE no acoge este pedido contribuye a su distanciamiento con la ciudadanía”, remarcó.
(Foto: Archivo GEC)
Tello estimó que es “muy complicado” que la auditoría a los sistemas de ONPE, entre la licitación y selección del auditor y realización del trabajo, tenga resultados antes de la segunda vuelta. No obstante, señaló que el tiempo debe ser estimado por un experto en temas informáticos.
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Erick Iriarte, abogado experto en derecho digital, afirmó que los procesos electorales se deben a los ciudadanos y que no solo los partidos políticos se deben interesar en estos, sino también los actores sociales. Por ello, refirió que la demanda de los empresarios para una auditoría a los sistemas de la ONPE “es pertinente”.
“Todos los softwares que desarrolla el Estado deben pasar por una auditoría y esto sirve para informar que lo que dice que hace su sistema es lo que hace y no solo quedarnos con la posición institucional, que es lo que ha hecho la ONPE”, manifestó.
En declaraciones a este Diario, Iriarte indicó que “en cualquier momento” se pueden realizar auditorías.
“Estas deberían hacerse antes de los procesos [electorales]. Y si la Oficina Nacional de Procesos Electorales hizo su auditoría, no lo han informado”, complementó.
(Foto: Archivo El Comercio)
Iriarte explicó que la ONPE no solo utilizó la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en las elecciones de 12 de abril, sino otros sistemas y que todos estos deben ser sometidos a una revisión independiente.
“La ONPE dijo que conversó con los representantes de los partidos políticos, qué les mostró, qué nivel den inspección se permitió. Es raro que los partidos no hayan pedido una auditoría [a los softwares]. El JNE hizo una auditoría al voto digital que impidió su uso, ¿hizo lo mismo para los otros sistemas?”, cuestionó.
El letrado experto en derecho digital refirió que la ONPE tiene que transparentar cuántos programas usaron y someter a todos a una auditoría independiente.
Iriarte indicó que son los mismos peritos digitales los que deben establecer el tiempo en que darían un resultado, si es que el organismo electoral acepta la auditoría.
“Una primera pregunta a hacerle a la ONPE es cuáles son todos los sistemas que usaron para las elecciones. La auditoría es todos los softwares y no solo a uno. A priori, no te puedo decir cuál será el tiempo. Es importante que se entienda que los procesos electorales son de toda la ciudadanía, la ONPE tiene que fomentar auditorías públicas y abiertas y mejorar sus mecanismos de transparencia”, acotó.
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Enzo Elguera, abogado experto en derecho electoral, dijo que, si bien los gremios empresariales pueden exhortar a una auditoría, solo la ONPE puede concretar esta medida sobre los sistemas que utilizó en las elecciones del 12 de abril. Agregó que es “poco viable” por diferentes hechos, entre ellos el económico.
“Aunque hubiese una transferencia extraordinaria corresponde pasar por un proceso de licitación, si se hace con entidades internacionales, esto tiene sus tiempos. No alcanzaría [el plazo] para que se dé antes de la segunda vuelta”, refirió.
(Foto: Archivo GEC)
El CEO de Imasolu también señaló que la contraloría, a través de su órgano de control interno (OCI), puede “colocar los reflectores” sobre lo que va observando acerca de los softwares que utilizó la ONPE en la primera vuelta. Añadió que el OCI está “facultado para hacer recomendaciones, pero no exigencias”
Elguera afirmó que una auditoría “puede ser saludable” para que se valide el proceso electoral, pese a sus fallas y errores.
“Evidentemente, no hubo una sistematización para cambiar la voluntad popular, este proceso [de auditoría] puede fortalecer a las instituciones electorales, que recordemos son la columna vertebral para sostener la democracia”, finalizó.
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