Decimos el ‘último’ en el sentido de ‘el más reciente’, porque en realidad los despropósitos del candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, en lo que toca a aceptar el veredicto de las urnas en esta segunda vuelta, no parecen tener fin. A sus intentos fallidos de anular miles de mesas en el territorio nacional y en el extranjero para revertir un resultado que sabe adverso, ahora ha añadido la tesis de un presunto “fraude en desarrollo” (respecto del cual no aporta pruebas) y ha convocado una nueva marcha de protesta para este sábado. Una protesta a la que ciertamente tiene derecho, pero que no puede ser contra otra cosa que contra el infortunio de haber recibido menos votos que su competidora, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), en las elecciones del 7 de junio.
Es en esa misma línea que ha formulado también, a través de los personeros de su partido, una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja en el Congreso. Se le atribuye en esa denuncia haber incurrido en una “flagrante” y “deliberada” vulneración de más de una decena de artículos de la Constitución (todos ellos con relación a la custodia de los sufragios emitidos por los peruanos en el exterior) y se pide para él una inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años. A pesar de su aparatosa presentación en un documento de más de 50 páginas, sin embargo, el recurso no es sino un disparo al aire más en el empeño del postulante por evitar aceptar su situación.
Diversos especialistas consultados por este Diario, en efecto, señalan que la denuncia es inviable por carecer de sustento. El abogado constitucionalista Heber Joel Campos, por ejemplo, considera que los denunciantes no aportan “ningún elemento de juicio sólido que sustente sus afirmaciones”, mientras que su colega Erick Urbina anota que “el canciller ha actuado en el marco de lo que la Constitución le ordena y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho lo propio”. El excanciller Luis Gonzales Posada, en tanto, ha ido más allá y ha afirmado que Sánchez y su entorno deberían siquiera informarse de que los votos en el exterior están a cargo de los cónsules, no de los embajadores y mucho menos del ministro de Relaciones Exteriores.
Hizo bien el canciller Pareja en rechazar de manera enfática, a través de un comunicado, la denuncia de Juntos por el Perú y las imputaciones que el partido de Sánchez le hacía con el propósito de sembrar dudas sobre el desarrollo del proceso electoral en el exterior.
El recurso, como se ve, es ruidoso, pero será muy probablemente destinado al archivo por la Comisión Permanente del Congreso (que es la instancia encargada de verlo) y quedará como un baldón más en la conducta antidemocrática de Sánchez en la antesala de su derrota.
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