La extorsión se ha convertido en uno de los flagelos más devastadores de la seguridad ciudadana en el Perú. Comerciantes, transportistas, empresarios, docentes, agricultores: nadie parece estar exento del alcance de las mafias que imponen su ley a través del miedo. Frente a este fenómeno, el Estado ha respondido, durante demasiado tiempo, con herramientas dispersas, organismos desarticulados y procesos lentos que alimentan la impunidad. Por eso, la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos, mediante el Decreto Legislativo N.° 1735, representa un punto de inflexión en la historia de la justicia penal peruana.
El principal déficit del sistema frente a la extorsión no ha sido la ausencia de normas, sino la falta de articulación entre quienes deben aplicarlas. La policía investiga por un lado, el Ministerio Público por otro, el Poder Judicial actúa en sus propios tiempos y la Defensa Pública no siempre es convocada. El resultado ha sido previsible: procesos lentos, víctimas desprotegidas, imputados que escapan a la condena, demora de los juicios por falta de abogado y organizaciones criminales que se fortalecen ante la ineficacia del Estado.
El Decreto Legislativo N.° 1735 quiebra ese modelo. Crea un sistema interinstitucional, especializado y transversal que integra, bajo una lógica común, a las cuatro instituciones claves: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cada una conserva su autonomía constitucional, pero actúan articuladas con un objetivo único: investigar, procesar y sancionar eficazmente la extorsión y sus delitos conexos, en el marco del debido proceso.
Este subsistema se basa en cuatro pilares que constituyen una sola respuesta del Estado. El Poder Judicial contará con juzgados especializados que atenderán con exclusividad y prioridad estos casos, reduciendo drásticamente los plazos de los juicios. El Ministerio Público tendrá fiscalías reforzadas con inteligencia financiera, forense y digital; lo cual es determinante, pues la extorsión moderna no es un delito artesanal, es una industria criminal que mueve recursos, usa tecnología y opera en red. La Policía Nacional del Perú recibe herramientas operativas decisivas, como la extensión de 24 a 72 horas para la captura en flagrancia y un banco de datos de inteligencia criminal que permitirá conectar patrones, identificar redes y anticipar amenazas.
La Defensa Pública es, quizás, la innovación más significativa en términos de equidad: por primera vez las víctimas de extorsión tendrán acceso a abogados especializados gratuitos que las acompañarán desde el inicio del proceso, incluso a través de una línea telefónica exclusiva. Esto no es un detalle menor: significa que el Estado Peruano abandona la lógica en la que la víctima estaba sola frente al crimen.
El decreto legislativo establece, además, un calendario de implementación progresiva, y eso es razonable: ninguna reforma de esta envergadura se despliega de un día para otro. Pero la progresividad no puede convertirse en demora. Cada día que pasa sin que el subsistema opere plenamente es un día en que la extorsión sigue actuando con la ventaja de un Estado desarticulado.
Este subsistema funcionará en la medida en que cada institución asuma su parte con genuino compromiso. Necesitamos jueces que fallen con celeridad, fiscales que investiguen con profundidad técnica, policías que actúen con eficiencia dentro del nuevo marco procesal y defensores públicos que ejerzan con vocación la representación de quienes más lo necesitan. Este es un pacto institucional para que la justicia deje de ser promesa y se convierta en realidad cotidiana para el ciudadano que hoy vive bajo la sombra de la extorsión.
El Decreto Legislativo N.° 1735 no es la solución mágica a todos los problemas de seguridad del país. Pero es, sin duda, la herramienta más completa y mejor diseñada que hemos tenido para enfrentar la extorsión. Aprovechémosla. La ciudadanía lo demanda. El país lo merece.
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