El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió este martes a El Salvador revisar la cadena perpetua aprobada para menores que cometan asesinatos, violaciones o participen en “terrorismo”, al considerar que vulnera los derechos de la niñez.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió este martes a El Salvador revisar la cadena perpetua aprobada para menores que cometan asesinatos, violaciones o participen en “terrorismo”, al considerar que vulnera los derechos de la niñez.
El Congreso salvadoreño, controlado por el oficialismo, modificó la ley penal juvenil para aplicar ese castigo a los menores de 18 años, como parte de un endurecimiento de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele.
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“Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar con prontitud los preocupantes cambios constitucionales y legales (…) que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años, en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos”, dijo en un comunicado Marta Hurtado, portavoz de la OACNUDH.
Hurtado recordó que, tras esos cambios, los casos de menores condenados a cadena perpetua serán “revisados únicamente cuando hayan cumplido 25 años de detención”, lo que que “contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño” que exige priorizar “su rehabilitación y reintegración”.
Bukele respondió a la funcionaria en la red social X que recomendaciones similares de Naciones Unidas provocaron que las pandillas reclutaran a jóvenes con una ley “que prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años”.
El pasado de 17 de marzo, por propuesta de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó como pena máxima -anteriormente de 60 años- la prisión perpetua para adultos “asesinos, violadores o terroristas”, y luego incluyó a los menores de edad.
El Comité de los Derechos del Niño y UNICEF señalaron el viernes que la reforma es contraria a los “principios consagrados” en la Convención, de la que El Salvador es parte, y advirtieron que la detención es “perjudicial para los adolescentes” y “altamente costosa e ineficaz para prevenir el delito”.
La política de seguridad de Bukele redujo a mínimos históricos los homicidios en el país, pero es criticada por organizaciones de derechos humanos y juristas que señalan “crímenes de lesa humanidad” en esa ofensiva.
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