Cada vez que se intenta tocar el régimen laboral, aparece el mismo fantasma: la ‘ley pulpín’. Ocurrió en el 2014, y ya empieza a repetirse ahora que el ministro de Economía, Elmer Cuba, estima que una reforma podría reducir la informalidad laboral del 70% al 50%. Sostiene, además, que a partir de ahí será más difícil avanzar, porque el resto dependerá de la productividad.
Lo que se conoce hasta ahora es que se buscaría crear un solo régimen laboral, en el que los aportes a salud y pensiones, la CTS, las gratificaciones y la participación en utilidades crezcan progresivamente según el nivel salarial del trabajador y no según las ventas anuales de la empresa, como ocurre hoy.
Así, podría existir un paquete para quienes ganen el sueldo mínimo, otro para quienes ganen hasta 7 UIT al año –el tramo exonerado del Impuesto a la Renta– y otro para quienes tengan ingresos superiores.
Hoy, los beneficios dependen de la clasificación de la empresa en microempresas (ventas anuales de hasta 150 UIT), pequeñas empresas (ventas entre 150 y 1.700 UIT), medianas (ventas entre 1.700 y 2.300 UIT) y grandes (2.300 UIT en adelante).
Así, por ejemplo, en la microempresa, las vacaciones son de 15 días, la cobertura de salud se realiza a través del SIS y no corresponden gratificaciones, CTS ni participación en utilidades. Por su lado, en la pequeña empresa también son 15 días de vacaciones, existe Essalud y, cuando corresponde, participación en utilidades, mientras que las gratificaciones y la CTS equivalen a la mitad de las del régimen general. En las medianas y grandes se aplica el régimen general.
Las micro y pequeñas empresas formales superan los 2,4 millones y representan más del 99% del tejido empresarial. El empleo en negocios de ese tamaño, por su parte, ronda los 10,3 millones de puestos –formales e informales–, equivalente al 87% del empleo privado nacional.
Esto significa que millones de trabajadores peruanos –jóvenes y adultos– ya trabajan hoy con beneficios laborales reducidos. Y millones más –que trabajan en la informalidad– lo hacen directamente sin ninguno.
Y aquí aparece la paradoja de la ‘ley pulpín’, que buscaba incentivar que las empresas contraten a jóvenes de 18 a 24 años. Establecía 15 días de vacaciones y Essalud, pero no contemplaba gratificaciones, CTS ni utilidades (parecido al régimen de la microempresa). La ley provocó protestas masivas y terminó siendo derogada.
El episodio es relevante porque mostró hasta qué punto puede ser selectiva la discusión laboral. Se protestó contra un régimen que reducía beneficios para un grupo de jóvenes –los que podían trabajar en medianas o grandes empresas, mientras millones de trabajadores de todas las edades ya laboraban en micro y pequeñas empresas bajo esquemas de beneficios reducidos o, directamente, en la informalidad.
Hoy, apenas empieza a hablarse de una reforma laboral, ya hay voces que anticipan una ‘ley pulpín’ 2.0. La pregunta es: ¿por qué nos escandalizaría crear incentivos para que una empresa pueda contratar bajo un régimen laboral con beneficios progresivos, si millones de trabajadores ya están fuera del régimen general y trabajan con beneficios laborales reducidos o con ninguno?
La propuesta merece, por eso, analizarse con apertura mental. Habrá que evaluar qué beneficios se reducen, y si los incentivos realmente funcionan. Pero rechazarla simplemente porque implica modificar el régimen laboral sería olvidar que millones de personas ya trabajan bajo una suerte de ‘ley pulpín’ en las micro y pequeñas empresas y creer que vivimos en una economía formal.
Si queremos reducir la informalidad del 70% al 50%, dejemos de discutir cómo proteger al trabajador formal que ya está en el régimen general, y empecemos a preguntarnos cómo hacemos para que los millones que están afuera puedan entrar.
Como dice el dicho, la locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes.
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