Cada proceso electoral reactiva una premisa recurrente: la “incapacidad” del votante. En el Perú, esta simplificación ha servido para ocultar una realidad más compleja, marcada por la desconfianza institucional, el abandono estatal y las brechas sociales que condicionan la decisión política.
Cada proceso electoral reactiva una premisa recurrente: la “incapacidad” del votante. En el Perú, esta simplificación ha servido para ocultar una realidad más compleja, marcada por la desconfianza institucional, el abandono estatal y las brechas sociales que condicionan la decisión política.
De cara a las elecciones, el juicio vuelve a recaer sobre el votante antes que sobre el sistema que rodea su elección. Según el INEI, en el 2025, el 60,1% de los hogares peruanos contaba con acceso a internet, porcentaje que en las zonas rurales se reducía a apenas el 20,5%. Frente a este escenario, ¿cómo exigir decisiones políticas “correctas” en contextos donde la presencia estatal sigue siendo intermitente o incluso nula?
El problema se agrava cuando el debate público se formula desde estándares ajenos a la realidad de amplios sectores del país, evaluando desde marcos urbanos que definen qué es una elección “racional” o “responsable”, sin atender a los contextos sociales en los que esa decisión se produce. En este sentido, un llamado “voto disruptivo” puede entenderse como una sanción frente al engaño y a los liderazgos percibidos como indiferentes, expresando cansancio ante un sistema que no logra ofrecer alternativas. Así, calificar tal voto de “ignorante” sería funcional a la negación de un problema estructural que precede al acto de votar.
En conclusión, la desigualdad en el acceso a la información y el abandono estatal persistente en amplias zonas del país erosionan la confianza institucional y limitan la participación. Frente a ello, se requieren políticas públicas a largo plazo que combinen inversión en infraestructura digital en las regiones con menor cobertura y una presencia estatal que garantice servicios básicos, acceso a la información y que escuche a la ciudadanía. Asimismo, resultaría indispensable reforzar la educación cívica desde los colegios, orientándola a que la ciudadanía comprenda el funcionamiento del Estado y el sentido del voto.
Finalmente, el análisis electoral debe reconocer los contextos sociales desde donde se ejerce el voto, promoviendo un debate público consciente. Tal vez la pregunta no sea si el peruano sabe votar, sino si el sistema lo sabe representar.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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