De acuerdo con la más reciente encuesta de Ipsos Perú, el 63% considera que la lucha contra la delincuencia debe ser la prioridad del nuevo gobierno. Si bien la erradicación de este problema supone un trabajo de largo aliento, creemos que el Ejecutivo entrante debe tomar acciones inmediatas que permitan no solo paliar esta situación, sino sentar las bases para una solución en el mediano plazo.
En esta línea, los 100 primeros días del próximo gobierno son claves para sentar las bases de lo que será el mandato. Por ello, resulta urgente, en primer lugar, priorizar la lucha contra cinco delitos principales: el sicariato, el ‘raqueteo’, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico. Esta focalización responde al gran impacto que generan bajo los siguientes criterios: lesividad, nivel de organización, internacionalización y cantidad de dinero movilizado. Así, por ejemplo, crímenes como el ‘raqueteo’ no requieren mayor organización, pero generan altas tasas de victimización y pueden llegar a ser altamente lesivos. En la otra orilla, crímenes como el narcotráfico, si bien no afectan directamente a un gran número de personas, son llevados a cabo por estructuras criminales complejas que movilizan importantes sumas de dinero.
En segundo lugar, es necesario que el nuevo gobierno establezca un sinceramiento de la situación actual de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y que, a partir de ello, elabore un plan maestro de obligatorio cumplimiento. Este plan debe servir como hoja de ruta para los próximos años, y debe contener una herramienta de planificación que detalle los hitos críticos para el logro de objetivos. En lo inmediato, se deben asegurar adquisiciones para la operatividad diaria, pero también se debe definir una cartera priorizada de proyectos de gran envergadura, como la construcción y remodelación de comisarías y penales, como se señala en el estudio “Seguridad ciudadana y política criminal del Estado” presentado por la Universidad del Pacífico.
En tercer lugar, se debe fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional mediante la creación de la figura del ‘enlace policial’, que cumpliría tareas operativas en materia de lucha contra el crimen organizado. Esta figura es distinta a la del ‘agregado policial’, quien cumple funciones más diplomáticas y protocolares. Estos ‘enlaces’ deben ser oficiales con experiencia en unidades de crimen organizado, que intercambiarían inteligencia en tiempo real para desarticular organizaciones criminales transnacionales.
En cuarto lugar, proponemos transferir a las Fuerzas Armadas la responsabilidad del resguardo de los altos funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial y de la fiscalía. En todos los casos, el personal militar puede ser capacitado rápidamente, dado que estas funciones no son ajenas a las labores de seguridad de dignatarios (la Casa Militar, por ejemplo, se encarga de la seguridad de la Presidencia de la República). Esta medida permitiría liberar a alrededor 1.000 efectivos policiales experimentados hacia las áreas de inteligencia e investigación criminal.
Finalmente, se debe redefinir el rol del Sistema Nacional de Inteligencia (SINA), reorientándolo hacia la obtención de información sobre el crimen organizado. Asimismo, se deben establecer reuniones frecuentes y operativas entre todos los subsistemas de inteligencia, y se debe integrar formalmente al SINA al sistema penitenciario, a fin de aprovechar toda la información producida por el INPE.
Es importante señalar que, si bien estas recomendaciones —realizadas en el marco de la iniciativa Agenda 2026 del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico— son orientadas al Poder Ejecutivo, no podrán ser implementadas mientras exista conflicto entre los tres poderes del Estado. Por este motivo, el gobierno entrante deberá iniciar rápidamente un proceso de diálogo con las diversas fuerzas políticas y poderes del Estado, con el objetivo de lograr acuerdos mínimos que permitan hacer frente al mayor problema para la ciudadanía: necesitamos, urgentemente, erradicar la criminalidad y disminuir los niveles de inseguridad ciudadana.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Deja una respuesta