El fujimorismo llega al poder sin luna de miel. Luis Galarreta lo advirtió: la criminalidad, el fenómeno El Niño y los problemas de transición operativa harán que el inicio sea difícil, con posibles focos de resistencia en el sur. No esperan bono de popularidad inicial. Su cálculo es distinto: la luna de miel llegará a los 18 meses, como resultado de las decisiones del primer año.
Esa visión es parcialmente acertada, pero tiene un problema: para que la aprobación llegue a los 18 meses, necesitas acciones en el corto plazo que acumulen capital político. Acciones que no son obras de infraestructura, ni atención de emergencias, ni programas sociales. Hay un tipo de reforma que puede generar ese capital rápidamente, sin mayor presupuesto, sin licitaciones y sin esperar la luna de miel: la desregulación.
Desregular no es simplificar trámites. Es eliminar autorizaciones, certificaciones, permisos, requisitos. Es devolver a los privados el derecho a actuar sin pedir permiso al Estado cada vez que quieren emprender algo. La distinción importa porque en el debate político el concepto se confunde con la desburocratización cosmética, que deja los candados en pie, pero los pinta de otro color.
El caso para mirar es Argentina. Cuando Milei asumió, creó el Ministerio de la Desregulación como primera señal de su gobierno. De las 930.000 regulaciones analizadas se han eliminado 8.000. El ahorro calculado: US$2.000 millones. No es el número lo que importa, sino la señal que manda: existe una institución dedicada 24/7 a identificar qué regulaciones traban el flujo de trabajo privado.
El contexto importa. Las condiciones que permitieron ese movimiento disruptivo en Argentina las creó la crisis: cuando la economía colapsa, la gente compra discursos que en tiempos normales rechazaría. El Perú no está en ese momento. La pregunta es si el fujimorismo –asumiendo que compre la idea– debe hacerlo al empezar su gobierno o esperar a los 18 meses que Galarreta estima necesarios para tener más respaldo.
Cualquiera sea el caso, debe considerarse que el tiempo es el activo más crítico en este tipo de reforma. Como dijo hace unos días Martín A. Rossi, exsecretario de Desregulación de Argentina, en una exposición ante la Sociedad Nacional de Industrias, el gradualismo suele fracasar: los grupos de interés afectados tienen tiempo para organizarse, hacer lobby y bloquear. La velocidad reduce la capacidad de resistencia. No es brutalidad política: es reconocer cómo funciona la resistencia al cambio.
Rossi fue preciso sobre por qué las regulaciones son un problema sistémico. Nacen para corregir fallas reales –externalidades, asimetría informativa, riesgos de seguridad y calidad–, pero se convierten en fuentes de corrupción, barreras de entrada y costos fijos que castigan desproporcionadamente a las pequeñas empresas. Las grandes absorben licencias, certificaciones y demoras legales con mayor facilidad. Las pequeñas no. La regulación termina siendo, en economías abiertas, el equivalente funcional de un arancel.
Y ante eventos extraordinarios –un edificio derrumbado, un accidente aéreo, una crisis de salud pública–, la reacción política típica es sobrerregular. No porque sea la respuesta correcta, sino porque los incentivos del funcionario están sesgados: poner una regulación tiene alto rédito político visible, quitarla tiene beneficio difuso e invisible. El resultado es acumulación permanente de restricciones que nadie evalúa en su costo real para el sistema.
Un organismo de nivel ministerial con mandato explícito para desregular, dotado de capacidad técnica y respaldo político desde el primer día, podría ser la apuesta del nuevo gobierno para ganar capital político sin esperar 18 meses. No necesita presupuesto extraordinario. Necesita voluntad, velocidad y un diagnóstico claro de dónde están los nudos que más dañan a las pymes y a la inversión privada. Ahí está el margen. La pregunta es si el nuevo gobierno lo ve.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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