No todas las crisis avisan con tiempo. Los colapsos financieros se desencadenan en cuestión de días. Los terremotos nos conceden apenas unos segundos de reacción. Sin embargo, con el fenómeno de El Niño (FEN) la cosa es diferente. Sabemos que, inevitablemente, llegará a nuestras costas cada cierto número de años, y modelos climáticos permiten pronosticar con algún grado de certeza su intensidad.
No todas las crisis avisan con tiempo. Los colapsos financieros se desencadenan en cuestión de días. Los terremotos nos conceden apenas unos segundos de reacción. Sin embargo, con el fenómeno de El Niño (FEN) la cosa es diferente. Sabemos que, inevitablemente, llegará a nuestras costas cada cierto número de años, y modelos climáticos permiten pronosticar con algún grado de certeza su intensidad.
Esta vez, todas las alertas se están encendiendo desde hace algunos meses, prestándonos tiempo de preparación. Recientemente suenan aún más claro. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) declaró esta semana oficialmente la presencia del FEN este año, y advierte que podría devenir en uno especialmente fuerte. Por su parte, el Senamhi emitió informes en el mismo sentido. De acuerdo con este último, la máxima intensidad se alcanzaría entre noviembre del 2026 y enero del próximo año.
Esta podría ser la primera crisis seria del gobierno entrante, algo similar a lo que le tocó al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el período 2016-2017. Ese FEN afectó a más de un millón de habitantes. Para una nueva administración, la coordinación que demanda una respuesta inmediata y de gran escala no es fácil, pero no hay necesidad de esperar hasta entonces para reaccionar. El actual gobierno debería estar preparándose ya para minimizar el impacto e intervenir en las áreas potencialmente más afectadas. Sin embargo, a nivel de toda la administración pública, en el presente año tan solo se ha gastado 23,5% del presupuesto asignado para inversión en reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres –y el Gobierno Nacional específicamente, menos del 20%–.
¿Qué se está esperando para reaccionar? Sabemos las zonas de potencial inundación. Conocemos de sobra las quebradas riesgosas, igual que las comunidades con riesgo de enfrentar sequías. Con algo de cinismo, incluso se podría decir que, en la medida en que no será la administración del presidente José María Balcázar la que se enfrentará al problema, su interés en intervenir no es mayúsculo. Al mismo tiempo, en octubre –cuando los efectos de este FEN se sentirían con mayor intensidad que ahora– se llevarán a cabo las elecciones subnacionales para elegir a todos los nuevos gobernadores y alcaldes. El esquema de incentivos de las actuales autoridades regionales y locales podría estar sufriendo el mismo sesgo: serán sus sucesores quienes deberán responder a su desidia.
El FEN, decíamos, sí avisa. Pero eso no significa que le estamos haciendo caso a la alarma.
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