Cuando empresas, trabajadores y servicios convergen en un mismo espacio, la productividad aumenta, los costos se reducen y la innovación se acelera. Así funcionan las ciudades bien articuladas: convierten la proximidad en una fuente de valor. Sin embargo, en el Perú esa escala no se ha traducido en mayor competitividad. Lima y Callao, que concentran activos decisivos para la economía nacional, muestran hasta qué punto una ventaja natural puede dilapidarse cuando el sector público y privado no suman esfuerzos ni comparten una visión de desarrollo.
El Estado tiene una función determinante en este desorden. No existe un sistema eficaz de coordinación que ordene prioridades, cronogramas y responsabilidades entre el Gobierno Central, el Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad Metropolitana de Lima y los operadores privados involucrados. El resultado es el de siempre: congestión, sobrecostos, demoras y, en última instancia, un servicio público deficiente.
Basta mirar el nuevo aeropuerto Jorge Chávez para advertir la magnitud del problema. La principal puerta de entrada y salida del país opera con accesos provisionales por la avenida Morales Duárez y sin conexión directa con la red del metro. A su alrededor se concentran, además, los terminales portuarios del Callao, la Línea Amarilla, Rutas de Lima, el Metropolitano y los corredores complementarios.
La misma desarticulación se repite en otros proyectos decisivos: las líneas 3 y 4 del metro, el anillo vial periférico, el antepuerto del Callao y la nueva base naval. La paradoja es evidente: el país concentra activos estratégicos, pero actúa como si cada uno perteneciera a una realidad distinta.
Es claro que el Estado no solo ejecuta mal: coordina peor. Pero el sector privado tampoco llega a esta historia con las manos limpias. Una parte de él ha contribuido a ese deterioro con cortoplacismo, cálculos defensivos, adendas dilatorias, episodios de corrupción y un lobby poco transparente orientado a torcer normas en beneficio propio.
En un país donde el Estado responde mal, el empresariado no puede limitarse a mirar desde la tribuna y esperar que otro ordene la casa. Las empresas suelen sostener que “es responsabilidad del Estado” o que “han presentado cientos de propuestas”. Todo ello puede ser cierto, pero una cosa es acumular oficios y otra muy distinta comprometerse seriamente con la solución de los problemas, incluso cuando ello exige asumir costos adicionales, ceder comodidad o salir de la lógica defensiva.
Cuando se trata del país, no basta con exhibir el pago de impuestos, coleccionar reconocimientos menores o financiar actividades periféricas. Lo verdaderamente decisivo es concentrar capacidades, influencia y recursos en aquello que pueda traducirse en mejores servicios públicos para los ciudadanos. Esa es, en rigor, la forma más exigente y menos ornamental de la responsabilidad empresarial.
Por ello, al sector privado le corresponde tomarse en serio esta situación. Todas estas obras de infraestructura cuentan con especialistas financieros de primer nivel, ingenieros altamente calificados y estudios de abogados de primera línea. Pero, así como el Estado no coordina adecuadamente, el sector privado tampoco logra ponerse de acuerdo consigo mismo. Ese es un punto crucial: antes de reclamar coordinación estatal, debería demostrar que puede ordenar sus propias prioridades, construir una posición común y aceptar que, en ciertos casos, destrabar una obra mayor exige que otro actor privado retroceda un paso para que el conjunto avance dos.
Mientras cada uno defienda su parcela, cualquier solución compartida seguirá llegando tarde o no llegará. Eso es, en el fondo, lo que está en juego: decidir si, de cara al próximo gobierno, el Estado y el sector privado serán capaces de ordenar juntos lo que hoy avanza a empellones, para que Lima y Callao funcionen como una plataforma productiva moderna, o si seguirán siendo una suma desarticulada de negocios, jurisdicciones y obras inconclusas.
Si el Estado sigue administrando incompetencia y una parte del sector privado continúa limitándose a rentabilizar el desorden, la ciudad seguirá haciendo lo único que ocurre cuando nadie la gobierna: desperdiciar escala. Y, en esa deriva, el ciudadano permanecerá atrapado entre el abuso privado y la descoordinación pública.
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