En los últimos días, el destrabe de proyectos ha vuelto al centro del debate público. Se habla de agilizar permisos, remover obstáculos y reactivar inversiones paralizadas como si todo dependiera de una orden impartida desde Palacio. Esa concepción es atractiva, pero equivocada. En el Estado, la voluntad política puede abrir una puerta, aunque rara vez basta para cruzarla.
Destrabar un proyecto no consiste en llamar a un ministro, reunir a dos viceministros y exigir una solución para el viernes. Implica comprender por qué una inversión que parecía viable dejó de avanzar, determinar qué entidad tiene la competencia para intervenir y construir una solución viable en términos económicos y técnicos, además de jurídicamente sólida. Todo sin inducir a los funcionarios a adoptar decisiones mal sustentadas ni dejar al siguiente gobierno contingencias que deba afrontar.
Para afrontar esa complejidad, durante el gobierno de Ollanta Humala se creó el Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión. Fue concebido no para conceder favores, sino para identificar trabas y coordinar soluciones. Su diseño responde a una realidad elemental: el Estado suele operar mediante compartimentos estancos, en los que cada entidad actúa desde los límites de su propia competencia. El equipo proporciona un marco institucional para reunir a los actores involucrados y facilitar el examen conjunto del proyecto, sin alterar las atribuciones ni las responsabilidades de cada organismo.
Piénsese en una carretera cuyo trazado se superpone con una línea de transmisión concesionada y atraviesa una zona con patrimonio arqueológico. Para que la obra continúe, se requiere coordinar con las autoridades de energía y cultura, el concesionario eléctrico y los gobiernos subnacionales. Sin esa integración, la obra puede permanecer paralizada.
La tarea del equipo consiste en ordenar la información, distinguir los reclamos de las pretensiones excesivas y determinar qué solución permite que el proyecto continúe sin vulnerar la ley ni trasladar riesgos al Estado. Pero esa capacidad de coordinación no puede ejercerse en la informalidad ni quedar librada a la discrecionalidad de sus integrantes. Debe ir acompañada de criterios públicos de priorización, decisiones documentadas, identificación de responsables, definición de plazos, evaluaciones fiscales y jurídicas, y reglas para prevenir conflictos de intereses. Solo así el destrabe evitará convertirse en un espacio de presión empresarial, arbitrariedad administrativa o captura institucional.
En materia de adendas, presentarlas como una prueba automática de corrupción es tan irresponsable como asumir que toda modificación contractual debe aprobarse para evitar la paralización de una obra. Evaluarlas exige revisar la asignación de riesgos, el equilibrio económico-financiero, el impacto fiscal, las obligaciones pendientes y las alternativas disponibles. No es una tarea para improvisados ni para operadores políticos.
Un equipo de destrabe requiere abogados, ingenieros y especialistas financieros capaces de comprender contratos complejos, negociar con empresas y ejercer autoridad en el aparato público. Necesita respaldo político e independencia técnica. La capacidad de decir sí cuando existe una salida legal es tan importante como la de decir no cuando se pretende convertir una mala decisión empresarial en una obligación del Estado.
El trabajo no concluye con la resolución de un expediente. Cuando varias inversiones tropiezan con el mismo permiso, la misma superposición de competencias o el mismo vacío contractual, ya no se trata de un caso aislado, sino de un patrón. En ese punto, corresponde proponer cambios normativos, estandarizar procedimientos o delimitar con mayor precisión las responsabilidades de cada entidad. El mejor destrabe no es el que celebra una reunión exitosa, sino el que evita que veinte proyectos futuros enfrenten el mismo obstáculo.
El nuevo gobierno hará bien en acelerar las inversiones. Pero deberá desconfiar de quienes presentan el destrabe como una simple demostración de carácter. En el Estado, golpear la mesa suele ser mucho más fácil que construir una solución legal, técnica y fiscalmente responsable. Destrabar no significa empujar un proyecto a cualquier costo, sino conseguir que avance dentro de la ley y con responsabilidades claras. Para ello se requiere voluntad política. Pero, sobre todo, se necesita gente que sepa lo que está haciendo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Deja una respuesta