Es normal y esperable que los partidos políticos coloquen en sus listas de candidatos al Congreso a personas que les inspiran confianza y con las que tienen familiaridad. Pero el tipo de conexiones económicas entre varios de los aspirantes a una curul por Alianza para el Progreso (APP) despierta más de una sospecha justificada.
De acuerdo con un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio publicado ayer, al menos 15 candidatos a ambas cámaras del Congreso y al Parlamento Andino de APP han sido proveedores en los gobiernos regionales liderados por el partido de César Acuña. Solo en el Gobierno Regional de La Libertad se hallan siete casos de candidatos que han sido locadores de servicios ahí. Algunos de los postulantes a senadores y diputados no registran estudios universitarios. Otros han sido además docentes de la Universidad César Vallejo, de propiedad de Acuña.
En Ayacucho, bajo el gobernador Wilfredo Oscorima, hoy afiliado a APP, el informe identificó cinco casos más de proveedores en campaña electoral. Un par de ellos indican que trabajaron como “peones” en labores de apoyo para el GORE. Oscorima, como se recuerda, estuvo en el centro de la trama relativa a los relojes de lujo de la expresidenta Dina Boluarte. Tres candidatos adicionales vienen de la lista de locadores del Gobierno Regional de Tumbes, en el que su gobernador, Segismundo Cruces (también de APP), fue detenido en febrero pasado y enfrenta acusaciones por lavado de activos.
Nadie podría estar en contra, decíamos, de que los partidos lleven a gente de su confianza en su lista al Congreso. Es natural. Tampoco es ilegal ni necesariamente negativo que un proveedor del Estado sea luego candidato. Lo que sí resulta inaceptable es que las organizaciones políticas funcionen como redes clientelares en las que no importa la trayectoria o profesionalismo de sus postulantes, sino que basta ser parte de la cofradía para tentar un alto cargo. Y una vez elegidos, la nueva autoridad pública dispone de suficiente poder para sostener el perverso sistema con el resto de los miembros del grupo desde su espacio de influencia.
Las hojas de vida de la mayoría de antiguos proveedores de servicios a los gobiernos regionales de APP están a varios niveles de distancia de lo que cualquiera esperaría que sea la preparación y experiencia de un futuro diputado o senador. Lo único que tienen en común es su relación económica con el partido del GORE de La Libertad. Y ya sabemos a lo que lleva eso una vez en el hemiciclo.
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