El reto ya no es escuchar propuestas, es saber interpretarlas. Cuando todos prometen parecido, probablemente responden a un cálculo de lo que el electorado quiere escuchar. En ese contexto, el voto ya no se define por el “qué”, sino por algo más exigente: ¿quién tiene realmente las condiciones para gobernar? Eso supone mirar, al menos, cuatro dimensiones.
Primero, la persona: no es un aspecto menor. Gobernar implica decidir en contextos donde no hay respuestas correctas, sino decisiones que deben sostenerse en el tiempo. Aristóteles definía la prudencia como la capacidad de juzgar bien en situaciones concretas.
No es teoría, es criterio aplicado: decidir qué hacer, cuándo y con qué consecuencias. En política, esa es la diferencia entre administrar y gobernar. Porque gobernar implica decidir bajo incertidumbre y asumir costos. De esta forma, en política, esa prudencia se traduce en criterio, integridad y trayectoria. Cuando esa capacidad no está, el gobernante no decide, delega (indefinidamente). Y cuando delega sin control, deja de gobernar. Por eso, más que propuestas, lo que debe evaluarse es si un candidato ha demostrado ese juicio en la práctica.
Segundo, la experiencia real: gobernar no es un ejercicio declarativo. Es una práctica que exige coordinar actores, priorizar con recursos limitados y sostener decisiones bajo presión. Por eso, la experiencia en gestión pública y, sobre todo, lo que se logró con ella, no es un detalle.
La pregunta no es si alguien “ha estado” en el Estado, sino qué decisiones tomó, en qué contextos y con qué resultados. Pues no es lo mismo haber estado (o pasado) por el Estado que haber sabido gobernarlo. No es lo mismo administrar inercias que conducir cambios ni ocupar cargos, que ejercer poder; por lo mismo, la trayectoria no debe entenderse como un activo suficiente en si mismo. Como ha señalado Fukuyama, el principal problema de los Estados no es la falta de ideas, sino la falta de capacidad para ejecutarlas. Sin esa capacidad, incluso las mejores decisiones quedan en el papel.
Además de ello, y es claro no olvidar que no toda experiencia es equivalente, existe una diferencia sustantiva entre la experiencia política, vinculada a representación, debate o producción normativa, y la experiencia de gestión, que implica ejecutar, implementar y sostener decisiones en el tiempo.
Tercero, la capacidad de gobierno: este es, probablemente, el criterio menos visible y el más determinante. No basta con proponer; hay que entender qué implica hacer que algo ocurra. Gobernar no es anunciar decisiones, es producir resultados en sistemas complejos.
La evidencia en gestión pública, como muestran Andrews, Pritchett y Woolcock, es consistente: el principal desafío no está en las ideas, sino en la capacidad de implementación. Es decir, en cerrar la brecha entre lo que se promete y lo que efectivamente se ejecuta.
Esa brecha se observa con claridad en los temas que dominaron el debate:
En seguridad, plantear “más policías” supone reclutar, formar (lo que toma años), asignar, desplegar con inteligencia y coordinar con el sistema de justicia. Si uno de esos eslabones falla, el resultado no cambia. De hecho, cada año egresan miles de efectivos, pero una proporción similar pasa al retiro. Sin una estrategia de crecimiento real, no se incrementa la capacidad, se reemplaza.
En educación, ampliar becas, incluso a nivel de posgrado, puede resultar atractivo. Pero implica decisiones presupuestales concretas en un contexto de recursos limitados. Cada expansión compite con infraestructura, formación docente o educación básica.
El problema es que muchos niños no logran siquiera los aprendizajes fundamentales en primaria. Sin esa base, comprensión lectora, matemáticas básicas, el resto del sistema no se sostiene. Ampliar oportunidades al final del camino, sin asegurar que más niños puedan recorrerlo desde el inicio, tiene efectos necesariamente acotados.
En productividad, el énfasis en el emprendimiento se repite. Pero el problema en el Perú no es la falta de iniciativa, sino la dificultad de crecer, formalizarse y sostenerse.
Esto no se resuelve únicamente lanzando más programas o fondos. Sin cambios en las condiciones que enfrentan las empresas, acceso a financiamiento, regulación, productividad laboral, articulación con mercados, el resultado no varía. El desafío no es crear más iniciativas, sino hacer que las existentes puedan escalar.
Y en corrupción, la promesa de una “lucha frontal” carece de contenido si no se traduce en decisiones concretas: sistemas de control que funcionen, reglas claras, incentivos alineados y capacidad real de sanción.
La corrupción no se reduce con declaraciones, sino cerrando espacios de discrecionalidad y fortaleciendo las instituciones que previenen, detectan y sancionan. Sin eso, el discurso de integridad se mantiene en el plano declarativo.
Como ha insistido la OCDE, las reformas no dependen solo de buenas ideas, sino de capacidades, recursos y tiempo. Es decir, de todo aquello que rara vez se explicita en campaña.
Cuarto, la capacidad política: ningún presidente gobierna en el vacío. En contextos fragmentados, la viabilidad de cualquier decisión depende de la capacidad de construir acuerdos. Sin ella, incluso agendas técnicamente sólidas quedan bloqueadas o se diluyen en la negociación. Pero el extremo opuesto también es problemático. Gobernar no es ceder sin criterio, sino negociar sin perder dirección. Porque cuando todo se negocia, el gobierno deja de conducir y pasa a reaccionar.
Esa tensión, entre viabilidad y convicción es, en la práctica, el núcleo del ejercicio del poder.
Finalmente, elegir también es una forma de gobernar: no decidir, votar en blanco o viciado, no es neutral; es renunciar a incidir en el resultado. Pero decidir sin criterio tampoco es inocuo.
Elegir en función de carisma, cercanía o desempeño comunicacional puede resultar comprensible, pero no es suficiente. En el Perú, más de una vez se ha votado por quien mejor comunica, para luego exigirle capacidades que nunca demostró tener.
Esa brecha, entre lo que se valora al elegir y lo que se necesita para gobernar, explica buena parte de nuestras frustraciones recurrentes.
Durante años se han avalado, por acción o por omisión, decisiones que hoy pasan factura, gobiernos que no se sostienen, liderazgos que caen y prácticas que han erosionado la institucionalidad. Ese deterioro no es casual.
A los jóvenes: no se retiren. Este país también es suyo. Votar no es solo un derecho, es una forma de decidir el futuro que van a construir. Hoy el desafío es doble, de ustedes, participar con criterio, esperanza y compromiso; y de quienes hoy tienen responsabilidad pública, abrir espacios y sembrar condiciones para el cambio. Porque el futuro no se espera. Se decide y se construye; y les tocará liderarlo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Deja una respuesta