El título de uno de los valses más emblemáticos del acervo criollo peruano del siglo XX describe bien lo que hoy parecen pensar nuestros legisladores. En pleno proceso electoral, y sabiendo que su período termina en apenas un par de meses –ojalá sin retorno para muchos–, han decidido armar el tono (como diríamos en replana) y lanzarse a una farra fiscal inolvidable con los recursos del Estado.
Será inolvidable no por festivo, sino por sus consecuencias: impactos permanentes y crecientes en el gasto rígido del gobierno, que harán mucho más difícil la consolidación fiscal en el mediano plazo. Esto implicará mayores necesidades de financiamiento, más deuda o incluso más impuestos, debilitando uno de los pilares del desarrollo peruano: la estabilidad y predictibilidad macroeconómica.
Solo en las últimas semanas se han aprobado diversas normas que generan costos fiscales permanentes. Entre ellas, las gratificaciones y CTS para trabajadores CAS en vez de promover una sólida carrera en servicio civil con prometedoras escalas salariales, así como la llamada “cédula viva” para maestros, policías y militares. La indexación de pensiones a los salarios de los trabajadores en actividad es una de esas perlas difíciles de justificar. No solo tiene un impacto fiscal negativo significativo, sino que además debilita reformas clave como la carrera pública magisterial, ya bastante erosionada por decisiones similares.
El resultado es perverso: se termina premiando a quienes no necesariamente han contribuido con mejorar los aprendizajes, y castigando a quienes sí se esfuerzan por elevar sus capacidades. Además, se limita la posibilidad de mejorar los salarios de entrada al magisterio, ya que cualquier incremento genera un efecto espejo sobre las pensiones. Con ello, perdemos la oportunidad de atraer mejores docentes al sistema público.
Algo similar ocurre en las Fuerzas Armadas y policiales. Los bajos salarios estructurales se mantienen, reaparecen bonos no pensionables y se dificulta atraer y retener a jóvenes con vocación de servicio. Las consecuencias son evidentes: menor capacidad de defensa nacional y de provisión de seguridad ciudadana. Pero, claro, los niños no votan, ni tampoco los ciudadanos víctimas de la inseguridad o quienes viven en nuestras fronteras olvidadas. Sus voces se diluyen frente al clamor de grupos privilegiados que sí reciben estos beneficios… sin que nadie garantice siquiera que voten por los actuales legisladores.
Pero la borrachera electoral no termina ahí. Desde la Comisión de Energía y Minas se han impulsado decisiones que, en la práctica, amenazan con matar a la gallina de los huevos de oro: la minería formal. Todo indica que se está preparando el caldo de gallina para cuando amanezca, cambie el gobierno y se apague la luz del tono.
Para entonces, muchos de estos legisladores ya no estarán para asumir las consecuencias. Porque beneficiar a la minería ilegal no es amor al chancho, sino a los chicharrones. Y no son pocos los que difícilmente repetirán el plato de volver al Congreso.
El propio presidente del Banco Central lo ha advertido: estas decisiones tienen costos económicos tanto a corto como a largo plazo. La incertidumbre y la debilidad institucional espantan la inversión privada formal, aquella que respeta estándares sociales y ambientales. En su lugar, se fortalece la minería ilegal, que no cumple normas laborales ni ambientales.
El impacto fiscal también es claro. Sin exploración ni nuevos proyectos y generando incertidumbre a los que ya hacen explotación, la recaudación caerá, incluso en un contexto de altos precios de los minerales. Si a ello sumamos el aumento del gasto público, el resultado es una trayectoria explosiva del déficit fiscal, un incremento sostenido de la deuda y el riesgo real de perder el grado de inversión.
Las consecuencias no son menores: mayor costo de financiamiento para el Estado y para el sector privado, menor crecimiento económico y, en última instancia, menos capacidad para reducir la pobreza. Todo ello en un contexto internacional incierto, donde ni siquiera está garantizado que nuestros términos de intercambio se mantengan favorables.
Frente a este escenario, la elección del nuevo Parlamento es crucial. El poder estará en sus manos y, con legisladores irresponsables, nuestro destino económico será cada vez más incierto y las malas medidas económicas limitarán el crecimiento. Como dice el vals: “Al que toca y al que canta se le seca la garganta”. Y los ciudadanos, esta vez, sí lo sabemos.
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