Cuba parece ingresar en una etapa de apertura económica para lograr una mejora inmediata, pero no una salida definitiva a su crisis estructural. El paquete de medidas planteado puede dar cierto alivio en la producción, el comercio y la inversión –sobre todo si logra activar el sector privado y atraer capital–; sin embargo, su efecto dependerá de algo más profundo que una simple liberalización parcial: la capacidad del Estado para generar confianza, reglas claras y estabilidad.
El problema de fondo es que la economía cubana no solo sufre por la falta de recursos, sino por décadas de baja productividad, desabastecimiento, inflación y un aparato estatal represivo que sigue concentrando demasiadas decisiones. En ese contexto, abrir espacios al mercado puede mejorar algunos incentivos, pero también puede ampliar desigualdades si eso no viene acompañado por una política social sólida. Ese es el gran dilema cubano: cómo corregir la crisis sin desmontar por completo el régimen defendido durante décadas.
A ello se suma el factor externo: las sanciones de Estados Unidos siguen pesando sobre cualquier intento de recuperación, encarecen operaciones y reducen el margen para una normalización económica más amplia. Por eso, el futuro de Cuba no parece ser una transición rápida hacia el capitalismo pleno, sino más bien un modelo híbrido, administrado desde arriba, con mayor presencia del mercado en ausencia de una apertura política equivalente.
Finalmente, la gran pregunta no es solo si Cuba se abre al capitalismo, sino bajo qué reglas, con qué garantías y para quién. Si las reformas quedan en el papel o se aplican de manera desigual, alimentarán frustración; si se consolidan, podrían inaugurar una modernización lenta, imperfecta y socialmente costosa que podría llevar al cambio político.
Cuba ha adoptado un paquete de medidas que constituye una reforma profunda en su régimen económico comunista vigente desde 1960. Apoyado por la Unión Soviética, el embargo comercial, decretado por Estados Unidos y secundado por casi toda la comunidad internacional, fue disminuyendo paulatinamente al extremo de que, en los últimos años, no llegaban a cuatro los países que lo aplicaban. La debacle se inició con la desaparición de la Unión Soviética y del sistema comunista en los países aliados al régimen de Moscú.
El presidente Donald Trump, desde que inició su actual mandato, ha intensificado la presión sobre Cuba para que el régimen comunista sea derrotado. El cerco económico, fortalecido con la supresión del petróleo que principalmente Venezuela le facilitaba a Cuba, sumado a otras medidas como sanciones a empresas hoteleras extranjeras, ha sumergido al régimen de La Habana en una crisis sin precedentes, que explica el porqué Cuba se ha visto forzada a adoptar medidas de corte económicamente capitalista, proceso para el cual ha recibido el asesoramiento de China y Vietnam, países experimentados en la materia.
Acosado por el cerco, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró: “Si no generamos riqueza, si no damos servicios de calidad que sean inclusivos, ¿qué justicia social vamos a defender?”.
El gobierno norteamericano ha declarado que espera cambios más profundos, no solo económicos, sino políticos, aspecto que no figura en el plan cubano. Trump pretende continuar con la presión hasta erradicar el comunismo de raíz.
Sin embargo, no podría augurarse que ello ocurra en el corto plazo, pues la situación interna de Estados Unidos, ante el alza de precios derivado de la guerra contra Irán, es cada vez menos proclive a mantener enfrentamientos que pueden derivar en conflictos bélicos, hechos que han generado el revés que en días pasados Trump tuvo en la Cámara de Representantes, que incidirá en la política internacional norteamericana en el futuro inmediato.
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