El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha anunciado una auditoría informática a la primera vuelta electoral, aunque todavía sin precisar sus alcances. ¿Qué debería contemplar? Sin duda, todos los sistemas y softwares utilizados durante las Elecciones Generales 2026: desde la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), empleada en Lima Metropolitana, hasta los sistemas de cómputo electoral encargados de digitalizar, procesar y transmitir la información contenida en las actas.
El objetivo principal de esta auditoría debe ser transparentar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas utilizadas en el proceso electoral, identificar posibles vulnerabilidades y despejar cualquier duda sobre la integridad de los resultados. En los últimos años han circulado diversas teorías sobre supuestos sistemas paralelos que “inventan votos”, posibles vulneraciones a las bases de datos de la ONPE o manipulación de actas electorales. Aunque ninguna de estas acusaciones ha sido comprobada, corresponde a las instituciones electorales responder con mecanismos técnicos sólidos, independientes y verificables que fortalezcan la confianza ciudadana.
Por ello, resulta fundamental que la auditoría sea realizada por entidades completamente imparciales, con experiencia comprobada y prestigio internacional en materia de seguridad digital y procesos electorales. En ese sentido, la propuesta de que esta revisión tenga carácter internacional resulta pertinente y necesaria, pues contribuiría a otorgar mayor credibilidad y legitimidad al proceso en un contexto marcado por la polarización política y el constante cuestionamiento a los organismos electorales. Además, esta auditoría no debería interferir ni retrasar la contabilización de las actas pendientes ni el desarrollo de las siguientes etapas del cronograma electoral.
Asimismo, sería importante que la sociedad civil organizada y las organizaciones políticas puedan acompañar el desarrollo de la auditoría mediante especialistas o expertos técnicos designados por ellas. La participación de distintos actores fortalecería la legitimidad de las conclusiones y ayudaría a reducir la desinformación y las sospechas alrededor del sistema electoral.
En democracia, la transparencia no solo debe existir: también debe poder demostrarse de manera clara e independiente ante toda la ciudadanía.
La parte más compleja de desarrollar un software es su puesta en marcha porque implica que, desde su diseño hasta la misma implementación, se haya tenido que desarrollar, probar la calidad y la ciberseguridad, validarlo con usuarios, revisar y ponerlo a punto. Si esto además se hace con fondos públicos, debería ser público, de modo tal que la ciudadanía pueda evaluarlo y conocerlo. Pero tras ello debe auditarse, y esto debería hacerse antes de su puesta en marcha.
Una auditoría implica que un tercero externo revise diversos aspectos del sistema/plataforma/software. Requiere revisar temas de ciberseguridad, de procesos, del código fuente, de usabilidad, entre otros. Pero en el caso del software electoral, esto no solo debe ser mandatorio, sino antes de la elección (así no lo pida ningún actor del proceso). Y es que la legitimidad se gana con transparencia previa.
En el caso de la auditoría que iniciará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debe enfocarse en los diversos softwares que se utilizaron (y utilizarán) en el proceso electoral (primera y segunda vuelta). Deberá trabajar sobre las versiones que se usaron el 12 de abril y deberá no ser solo una entidad, sino al menos dos (o tres) para tener mayor contraste. Esto no quita que el JNE deba seguir con sus procesos de fiscalización de dichos procesos y softwares, como lo ha realizado.
En todo el proceso es clave que se muestren los informes completos (los preliminares y los finales), así como las actas de corrección (si se hicieron). No porque alguien lo pida, sino porque debe ser la base de la transparencia en el desarrollo de software público.
Una parte clave de la auditoría será el comité asesor que la acompañará, que deberá desarrollar el alcance (los términos de referencia) de la auditoría y brindar también, al final, su opinión sobre los resultados de la misma. Ese comité asesor tendrá la difícil tarea de ayudar a conocer la verdad de un proceso que se complicó innecesariamente.
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