El proceso electoral peruano atraviesa uno de esos momentos en los que la forma importa tanto como el fondo. Las múltiples críticas a la ONPE sobre la subida errática de datos, la aparente inconsistencia entre actas físicas y resultados publicados en la web, y la percepción de votos “no respaldados” por documentación verificable han generado un clima de desconfianza que no puede ser ignorado. En un sistema democrático, la legitimidad no solo depende de que los resultados sean correctos, sino de que sean percibidos como tales.
Cuando esa percepción se enturbia, el daño trasciende lo electoral y alcanza la credibilidad de todo el sistema. A ello se suma la preocupación por hechos logísticos que también impactaron el derecho al voto: la demora en la instalación de cientos de mesas, especialmente en Lima, y la consecuente imposibilidad de miles de ciudadanos de ejercer su derecho al voto. Este tipo de fallas no son menores. Cada ciudadano que no pudo votar representa una fractura en el principio de participación universal que sostiene la democracia.
Frente a este escenario, surgen dos interpretaciones que, aunque distintas, conducen al mismo problema de fondo. Por un lado, la hipótesis de la ineficiencia: una gestión deficiente, incapaz de prever contingencias tecnológicas y operativas en un proceso de tal magnitud. Por otro, una lectura más crítica y suspicaz: la posibilidad de que exista una planificación deliberada orientada a generar retrasos y confusión, operando cuidadosamente dentro de los márgenes formales de la legalidad para evitar sanciones legales, administrativas o penales directas, pero afectando sustancialmente la transparencia y resultados del proceso mismo. Ambas posibilidades –ineficacia o intencionalidad– son muy graves.
La primera evidencia debilidad institucional; la segunda, una potencial manipulación sofisticada y delictiva del sistema. En cualquiera de los casos, la respuesta no puede ser la indiferencia ni la tolerancia pasiva. Se requiere una investigación y acción inmediata, rigurosa, independiente y transparente que permita esclarecer responsabilidades, corregir errores y, sobre todo, restablecer la confianza ciudadana, y allí juega un papel fundamental el Jurado Nacional de Elecciones como ente encargado de la fiscalización y resolución de controversia del proceso electoral. Finalmente, esta situación nos recuerda que la democracia no se agota en el acto de votar. Requiere instituciones sólidas, procesos confiables y una vigilancia activa de la ciudadanía. La confianza es un bien frágil: se construye lentamente, pero puede perderse con rapidez.
Deja una respuesta