Al menos cinco de los 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señalados por la Contraloría por su presunta responsabilidad en las irregularidades en la primera vuelta electoral continúan trabajando en la institución.
Se trata de los gerentes de Informática y Tecnología Electoral, Asesoría Jurídica y Administración, Roberto Montenegro, Juan Pestana y Edward Alarcón, respectivamente; así como de los subgerentes de Infraestructura y Seguridad Tecnológica y de Logística, Jesús Félix y Yuvitza Aguilar.
El informe de la Contraloría atribuye a Roberto Montenegro presuntas irregularidades en la gestión de los equipos destinados a la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), así como deficiencias en la supervisión de la distribución del material electoral. Por ello, señala supuestas responsabilidades administrativas.
En tanto, Juan Pestana es señalado por haber emitido una opinión favorable para aprobar pagos adicionales al contratista de transporte, supuestamente sin verificar si estos eran indispensables o si los servicios ya habían sido ejecutados. La Contraloría le atribuye presunta responsabilidad administrativa.
Por su parte, Edward Alarcón habría autorizado dichas prestaciones adicionales y validado el incremento del costo del transporte de S/ 0,60 a S/ 6 por kilogramo sin sustento técnico ni legal. Se le atribuye presunta responsabilidad administrativa.
Jesús Félix es cuestionado por una presunta gestión deficiente de los equipos informáticos requeridos para el proceso electoral, debido a retrasos en la preparación y repliegue de computadoras e impresoras utilizadas durante las capacitaciones. La Contraloría le atribuye presunta responsabilidad administrativa.
En el caso de Yuvitza Aguilar, la Contraloría le atribuye haber respaldado pagos adicionales al contratista sin sustento técnico. Por ello, reporta una presunta responsabilidad penal y administrativa.
La ONPE confirmó a El Comercio que los cinco permanecen en la institución. Precisó que son personal de confianza, excepto por Yuvitza Aguilar, quien es personal de carrera.
La entidad señaló que el informe de la Contraloría fue remitido a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para que “efectúe el deslinde de responsabilidades respecto a los servidores comprendidos en los hechos observados”.
La entidad señaló que, por ley, puede evaluar y adoptar excepcionalmente la aplicación de medidas cautelares como la de separar a los servidores de sus funciones o exonerarlos de la obligación de asistir a sus labores.
El abogado laboralista Germán Lora explicó a El Comercio que una eventual separación “dependerá del procedimiento interno que tenga la ONPE, que regula la comisión de faltas graves”.
“Si así está regulado, podría suspender la relación con los trabajadores, pero tendría que ser con goce de haber, mientras dure el procedimiento”, señaló.
El especialista destacó que “el derecho fundamental que debe respetarse en esta etapa es el derecho a la defensa. Que el trabajador tenga la posibilidad de presentar los medios probatorios y tener un procedimiento justo”.
El tanto, el especialista en derecho electoral Alejandro Rospigliosi consideró que los funcionarios “no pueden seguir un día más porque no generan confianza”.
“No solamente se le otorgó la buena pro a la empresa que ofrecía el precio más alto, sino que, de forma insólita, se le concedieron beneficios y pagos adicionales por precios sobrevaluados. Esta situación es gravísima y, por lo tanto, ninguno de los diez funcionarios mencionados debería continuar en la entidad; deberían ser suspendidos preventivamente para evitar que contaminen las investigaciones”, dijo.
Deja una respuesta