La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) saludó el pronunciamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros en torno a la defensa del marco institucional que rige la actividad portuaria en el país y reafirmó que todo operador que preste servicios portuarios básicos debe estar sujeto a las mismas condiciones que los demás.
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“El principio de igualdad ante la ley es fundamental para garantizar la libre competencia y generar confianza para atraer inversiones”, se lee en el comunicado.
AFIN agregó que todos los puertos concesionados del país han ejecutado inversión privada y operan bajo supervisión de Ositrán y la APN, pagan tasas de regulación, cumplen indicadores de desempeño (KPI), están sujetos a fiscalización permanente y pueden ser sancionados administrativamente y con penalidades si incumplen sus obligaciones contractuales, además de tener regulación tarifaria. Ese marco regulatorio garantiza transparencia y reglas claras para todos los actores del sistema.
La prestación de servicios portuarios a cambio de una contraprestación constituye una actividad económica regulada, independientemente de la titularidad de la infraestructura, por tratarse de un servicio de uso público.
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En ese sentido, explicaron que cualquier operador que brinde este tipo de servicios debe someterse al régimen de control y supervisión previsto en la ley. “No puede haber competencia en condiciones desiguales entre terminales públicos y privados ni espacios exentos de regulación cuando se trata de infraestructura que presta este tipo de servicios públicos”.
AFIN consideró que la autonomía técnica de Ositrán es clave para asegurar reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica. “La función reguladora en la prestación de servicios públicos no constituye una interferencia, sino el ejercicio del rol de árbitro en beneficio de usuarios, inversionistas y el propio Estado” remarcó.
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