Cada ciclo electoral, los peruanos nos encontramos con la difícil labor de decidir por uno de los más de 20 candidatos presidenciales e innumerables aspirantes al Congreso.
En teoría, la pluralidad política es una virtud. Permite la difusión de ideas distintas, incorpora experiencias y, particularmente, brinda mayor representatividad.
Nuestra percepción cotidiana evidencia una realidad distinta en el caso peruano. Apoyar a los candidatos más impopulares es visto como “desperdiciar el voto”, o cómo “diluir” el voto de un lado del espectro político. De antemano, contamos con la certeza de que, por más que se nos ofrezca un amplio espectro de opciones, solo un número reducido de estas tendrá lugar en nuestras instituciones.
¿A qué se debe esto? En gran medida, a la combinación de una valla electoral excesivamente rígida, con una cultura partidaria débil, y a una laxa legislación.
Para obtener curules en nuestro Parlamento, deben cumplirse dos condiciones: obtener el 5% de votos totales y el 5% de la cámara correspondiente. Es decir, para asegurar un espacio en las cámaras de senadores y diputados, además de superar el 5% de votos, un partido debe obtener, respectivamente, tres y siete curules.
Matemáticamente, esto ofrece un número máximo de diez partidos conformando el Senado, y un total de 18 en la Cámara de Diputados. Sin embargo, estas cifras suponen una distribución perfectamente uniforme del voto. Si en cambio nos guiamos por la intención de voto, nos daremos con la sorpresa de que tan solo cinco partidos pasarían la barrera electoral, de acuerdo con el último simulacro de intención de voto de Ipsos.
El punto más importante lo evidencian los números reales. En el 2021, más de 17 millones de peruanos participaron en las elecciones generales. Sin embargo, si sumamos el total de votos válidos obtenidos por los partidos que superaron la valla electoral, contamos tan solo diez millones y medio. El voto de siete millones de electores, actualmente, no cuenta con representación parlamentaria alguna. Este caso no es un suceso aislado, ya que, realizando el mismo ejercicio con los resultados de 2016, vemos que nuevamente siete millones de peruanos carecieron de representación.
Así, nuestro sistema produce una inconsistencia particular: una alta pluralidad en la oferta electoral, pero una baja representatividad en el resultado.
Por un lado, la valla electoral cumple un rol importante. En un contexto de alta fragmentación, busca incentivar la formación de coaliciones y compromisos entre organizaciones políticas, con el objetivo de superar el umbral requerido y ofrecer mayor representatividad con menor dispersión.
Pero en el caso peruano, a pesar de contar con una valla, los partidos políticos operan como vehículos temporales. Esto responde a dos motivos clave: la amenaza de perder la inscripción al no superar la valla electoral, y un sistema de inscripción que no exige una presencia territorial representativa. El resultado es un sistema que favorece estructuras de corto plazo y debilita la institucionalización partidaria.
En este contexto, la competencia política tiende a personalizarse. Las figuras líderes en la intención de voto, como Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga, son muestras claras de cómo la identidad partidaria tiende a girar en torno a individuos, antes que a políticas o posturas.
Además, al comparar este diseño con el de países más estables y democráticos de la región, como Uruguay o Costa Rica, vemos que el concepto de valla electoral es inexistente. En su lugar, cuentan únicamente con umbrales acordes a los distritos electorales. A esto se suma la ausencia de mecanismos de cancelación de inscripción tras un mal desempeño, generando un incentivo hacia la continuidad.
¿Es entonces la solución eliminar la valla electoral? No necesariamente. Si bien una flexibilización, como por ejemplo reducirla al 3%, podría mejorar la representatividad, no resolvería el problema de fondo: el corto horizonte de tiempo que implica la pérdida de la inscripción, y la regulación de la inscripción de partidos.
Aunque el requisito de obtener el 0,1% de firmas de electores hábiles es cuantitativamente exigente, este es cualitativamente débil. Observando nuevamente a países con mayor estabilidad, para la inscripción de un partido, estos tienden a requerir una recolección de firmas distribuidas por circunscripción, asegurando la representatividad y presencial nacional de la organización. El sistema peruano, al no requerir una distribución territorial, permite la creación de partidos sin arraigo real.
Reformar este diseño institucional tendría efectos significativos: reduciría el número de partidos en contienda, incentivaría la consolidación de idearios políticos, y extendería el horizonte temporal de las organizaciones, permitiendo a los electores desarrollar vínculos más estables con ellas. Menos partidos, pero más sólidos, ofrecerían mayor representatividad y predictibilidad política. A través de una legislación mejor diseñada es posible promover la construcción de una verdadera cultura partidaria.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Deja una respuesta