Antes de ser congresista, el hoy presidente José María Balcázar se desempeñó como abogado y tuvo, entre sus defendidos, a dos sentenciados por abuso de menores. El primero de ellos fue Leónidas Puelles Guerrero, quien en el 2012 fue condenado a cadena perpetua por violar durante casi una década a su hijastra cuando esta era apenas una niña. Producto de los abusos, la víctima quedó embarazada y fue obligada por su padrastro a abortar en reiteradas ocasiones. En el 2015, el actual mandatario se presentó como abogado de Puelles y solicitó que se lo volviera a juzgar, pero su pedido fue desestimado.
Años más tarde, Balcázar –junto con dos colegas más– buscó anular otra sentencia: una de seis años y ocho meses contra Raúl Quevedo por el delito de “proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios informáticos”. Pero, nuevamente, el pedido del hoy jefe del Estado no fue atendido. Uno podría pensar que los abogados son libres de patrocinar a quienes deseen y que, en ese sentido, no son responsables por los crímenes que hayan cometido sus defendidos. Sin embargo, en este caso en particular, el interés no tiene que ver solo con el hecho de que hablamos del actual presidente, sino también con que su historial como letrado es consistente con la postura que ha mostrado a favor del matrimonio infantil.
Como sabemos, Balcázar fue uno de los tres congresistas que no apoyaron el dictamen para prohibir el matrimonio infantil cuando este fue votado en el hemiciclo a finales del 2023. En aquella ocasión, explicó que, a su juicio, las niñas a partir de los 14 años debían poder casarse y que “las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer”. Casi tres años después, no solo no ha rectificado –alega, más bien, que sus palabras fueron sacadas de contexto–, sino que responde a todo aquel que le pregunta por el asunto que él tiene información y estudios científicos que avalan su postura (aunque nunca indica cuáles).
En fin, lo que revela el pasado –no tan lejano, por cierto– del hoy presidente es que ha sido un defensor del abuso contra menores de edad, con sus servicios legales… y con sus votos en el hemiciclo. Y el hecho de que 64 parlamentarios hayan juzgado que era la mejor opción para llevar las riendas del país solo revela lo extendido que el menosprecio a las niñas peruanas está entre nuestra clase política.
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