En la presente campaña electoral,13 agrupaciones políticas han ofrecido reducir el tamaño del Estado mediante una fusión o recortes en el número de ministerios. De otro lado, 7 grupos políticos proponen una nueva Constitución para, entre otras cosas, reforzar la intervención del Estado en la economía. Lamentablemente, al igual que en otras partes, el debate sobre el tamaño del Estado está contaminado por prejuicios ideológicos.
En la presente campaña electoral,13 agrupaciones políticas han ofrecido reducir el tamaño del Estado mediante una fusión o recortes en el número de ministerios. De otro lado, 7 grupos políticos proponen una nueva Constitución para, entre otras cosas, reforzar la intervención del Estado en la economía. Lamentablemente, al igual que en otras partes, el debate sobre el tamaño del Estado está contaminado por prejuicios ideológicos.
Esta discusión no es trivial si pensamos en sus implicancias para el crecimiento y el bienestar social. Por un lado, un Estado demasiado grande induce costos elevados para el sector privado por una burocracia enorme e ineficiente, impuestos excesivos y distorsionantes que reducen los incentivos para invertir, y un gasto fiscal improductivo que responde a intereses políticos. De otro, un Estado muy pequeño no será capaz de proveer bienes y servicios públicos, en cantidad y calidad suficientes, necesarios para el crecimiento.
El debate sobre el “tamaño óptimo del Estado” ha ocupado un lugar central en la teoría económica. La discusión ha pasado desde los planteamientos clásicos a favor de un Estado mínimo, al rol estabilizador propuesto por el keynesianismo, hasta las defensas contemporáneas del Estado de bienestar. El debate se ha visto enriquecido desde la perspectiva de la Elección Pública. En particular, algunos autores (Buchanan, Tullock) han resaltado el “problema del Estado grande”: uno que no es benevolente porque persigue los intereses de políticos que buscan más votos, burócratas que maximizan presupuestos y grupos de interés que capturan las políticas. Como resultado, sin adecuados límites institucionales, el Estado crece excesivamente, lo que introduce ineficiencias y déficits persistentes. Finalmente, está el enfoque de la nueva economía institucional (North, Acemoglu): el tamaño óptimo del Estado depende de la calidad de las instituciones, la capacidad administrativa y los niveles de informalidad.
El consenso sobre este debate considera que: (i) no existe un tamaño adecuado del Estado aplicable a todos los países, (ii) es más importante la calidad institucional y del gasto, y (iii) Estados grandes requieren alta capacidad fiscal, transparencia y disciplina presupuestaria. Así, las preguntas fundamentales no son cuantitativas, sino, cualitativas e institucionales: qué funciones debe cumplir el Estado, qué instrumentos tiene para actuar y bajo qué restricciones actúa.
El próximo presidente no debe tomar decisiones apresuradas sobre qué hacer con el tamaño del Estado. Lo deseable es que estas medidas no sean una mala copia de lo que se viene haciendo en otras geografías, y tampoco una reiteración de fórmulas que induzcan un Estado inflado que han demostrado ser un completo fracaso. Tal vez, lo factible es centrarse en elevar la calidad institucional y reducir las ineficiencias en el gasto fiscal (el BID y del FMI estiman que los ahorros que se podrían obtener están entre 2,0% y 2,5% del PBI), lo que redundaría en una mejora del impacto de las políticas públicas.
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