En el debate electoral, la mano dura aún aparece como la mejor receta frente a la inseguridad en el país. La decisión clave sería esa; lo demás vendría como consecuencia. Pero ¿qué significa ‘mano dura’? Implica, sobre todo, recortar derechos personales para, supuestamente, apresar o eliminar a delincuentes de manera expeditiva, sin tanto papeleo ni fiscales. Quien piense que esa propuesta es equivocada, peligrosa o unilateral será acusado de defensor de delincuentes, terroristas y demás.
Pero, ojo: esa utopía de la mano dura sanadora corre el riesgo de generar una crisis institucional aún mayor que la actual. ¿Por qué? En primer lugar, porque las experiencias muestran que la reducción de derechos personales viene acompañada de represión contra la oposición política, que se convierte en una incomodidad y resulta acusada incluso de delincuencial. Luego, porque acarrea una drástica anulación de la independencia de poderes: todo pasa a estar controlado por el Ejecutivo o el Congreso. Y no es secreto ni novedad que la represión contra los opositores y la concentración del poder son las primeras manifestaciones de todo autoritarismo.
En el Perú, la extrema debilidad institucional del Estado y su porosidad respecto de la corrupción propiciarán una concentración mayor del poder autoritario. De esto se derivará una segunda oleada de problemas, pues, si se pretende atacar las redes significativas del crimen organizado –no solo las de menor escala–, habrá que hacerlo tanto dentro como fuera del Estado, ya sea que constituyan parte o no de la formalidad. Porque, como tampoco es un secreto, en el país la debilidad institucional está extremadamente vinculada al soborno, el cohecho, la amoralidad y otros delitos o conductas alejadas de la responsabilidad de ser gobierno y administrar lo público. Dicho esto sin olvidar que la corrupción es una tradición bastante más extendida que el crimen organizado; lo que hace el crimen organizado es instrumentalizar esa práctica antigua y corrosiva.
Para seguir siendo ave de mal agüero –más vale eso ahora que lamentos posteriores–, no hay que perder de vista que la mancomunidad de autoritarismo y corrupción (pactos ilegales en licitaciones, peculado, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles…) terminará por apañar al crimen organizado, sobre todo por su gran capacidad de pervertir la legalidad. Con la libertad de expresión recortada, medios de comunicación supervisados y buena parte del poder político concentrado, las redes de silencio y complicidad se harán más sólidas y peligrosas.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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