Desde la mañana del 20 de enero, “El Peruano” daba cuenta del Decreto Legislativo 1696, una reforma penal que endurece las sanciones por resistencia o desobediencia a la autoridad y que, en abstracto, resulta razonable para cualquier democracia que aspire al orden. Toda comunidad política necesita reglas, y toda regla necesita autoridad; sin autoridad, la ley se convierte en un decorado retórico, y sin ley, la convivencia se reduce a un pacto precario y siempre negociable.
Desde Palacio se insiste en que debemos cumplir las normas y respetar a quienes las hacen cumplir. Sin embargo, ese discurso se resquebraja cuando se confronta con la práctica del poder. ¿Qué institucionalidad puede sostenerse cuando el control se percibe como afrenta y no como columna vertebral del Estado de derecho?
El 12 de enero, la congresista Kira Alcarraz agredió a un fiscalizador durante una intervención y reaccionó contra la supervisión como si se tratara de una humillación personal. No fue solo un escándalo ni una falta ética, sino una escena reveladora de nuestra cultura política, donde la fiscalización se confunde con ataque y el límite con provocación. El cargo se convirtió en escudo, reproduciendo una lógica peligrosa donde el poder rechaza ser mirado, supervisado y contenido.
La autoridad no se impone solo con sanciones, se construye con coherencia. Cuando quienes ejercen el poder aceptan ser fiscalizados, fortalecen la confianza pública; cuando se resisten, enseñan que la ley es negociable. En un país con alta desconfianza institucional, estos episodios no son anécdotas, son advertencias. Las instituciones sobreviven cuando quienes dirigen aceptan ser fiscalizados.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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