En el Perú, el remedio ha sido siempre peor que la enfermedad. En el 2015, en medio del descrédito de numerosas autoridades subnacionales y de reiterados casos de corrupción, el Congreso prohibió la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. La prohibición pretendió combatir el enquistamiento y la corrupción local, pero produjo además un efecto perverso: eliminó uno de los pocos incentivos que un alcalde tenía para rendir cuentas ante el elector y dificultó todavía más la profesionalización de la política local.
Sin embargo, en lugar de corregir institucionalmente una norma defectuosa, algunos políticos han encontrado una solución mucho más peruana: conservar formalmente la prohibición y buscar la manera de eludir sus efectos. Porque en la gran mayoría de los casos a las autoridades les importa muy poco la ley. Son 130 alcaldes elegidos para el período 2023-2026, que están impedidos por ley de postular a la reelección, que se han inscrito como primeros regidores de una lista encabezada por otro candidato que, en los hechos, no lidera ni la lista ni la campaña. En 22 de estos casos, hasta el cierre de esta columna, el candidato a alcalde renunció a su postulación.
De todos estos casos, hay uno particularmente llamativo, el de Rafael López Aliaga, quien renunció como alcalde de Lima para postular a la presidencia y al Senado y quien, habiendo sido elegido senador para el período 2026-2031, decidió no recibir sus credenciales para postular como teniente alcalde a la municipalidad que hasta hace solo unos meses dirigía. Ni Mario Moreno ‘Cantinflas’ lo podría haber hecho mejor.
Esto no es más que una reelección encubierta. Una burda sacada de vuelta a la ley, que se confirma con las declaraciones de la diputada Norma Yarrow, quien, preguntada sobre la indebida postulación de RLA, sostiene con una sonrisa de medio lado: “Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta”. Es difícil encontrar una definición más precisa de la cultura de Pepe el vivo aplicada al ejercicio del poder. Pero Yarrow fue más allá y agregó que esto “no es honesto ni deshonesto”.
Valdría la pena explicarle a la diputada que precisamente de eso se trata la integridad: de qué hacemos cuando la ley deja un vacío para hacer algo que contradice su propósito. Y es que un vacío legal no es una invitación a sacarle la vuelta a la ley. Cabría entonces preguntarse, siendo ella vicepresidenta de RP y RLA el presidente, y dados los antecedentes de promesas sin cumplir de este último: ¿ese “allá el Jurado que se deja sacar la vuelta” es solo de Yarrow o es la lógica con la que la cúpula de RP entiende las instituciones?
La falta de integridad de nuestra clase política genera un daño enorme: cada vez que una autoridad demuestra que una ley puede saltarse con suficiente astucia legal, transmite al resto del país la idea de que las reglas son negociables y que respetarlas es cosa de ingenuos. Así se alimenta la desconfianza, la informalidad y el deterioro de las instituciones, y perdemos el Estado de derecho.
En la medida en que sigamos permitiendo que quienes están llamados a hacer cumplir la ley la burlen, y se rían frente a cámaras como si se tratara de una gran ocurrencia, el Perú seguirá siendo el país de Pepe el vivo, la informalidad, las economías ilegales, el tráfico de personas y el sicariato, porque aquí seguirá valiendo todo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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