Al momento de escribir estas líneas, el Congreso bicameral debería haber empezado a discutir el pedido de delegación de facultades legislativas en materia económica. No hay nada que debatir todavía: el Ejecutivo no ha enviado el proyecto. Lo que existía hasta el fin de semana era un borrador filtrado a la prensa, no una propuesta oficial. Y esa distancia entre el anuncio y el documento dice más sobre este gobierno que cualquier discurso.
Al momento de escribir estas líneas, el Congreso bicameral debería haber empezado a discutir el pedido de delegación de facultades legislativas en materia económica. No hay nada que debatir todavía: el Ejecutivo no ha enviado el proyecto. Lo que existía hasta el fin de semana era un borrador filtrado a la prensa, no una propuesta oficial. Y esa distancia entre el anuncio y el documento dice más sobre este gobierno que cualquier discurso.
El desacuerdo no es con el Congreso, es puertas adentro. El Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Elmer Cuba, ha empujado una agenda de corte liberal: un impuesto empresarial único que reemplace el actual mosaico de regímenes tributarios, créditos por contratar jóvenes en planilla, una ventanilla única para destrabar la cartera minera. Es, en el fondo, la agenda que el país necesita para convertir un ciclo económico favorable —el Banco Central proyecta 3,4% de crecimiento este año, con la inversión privada expandiéndose a doble dígito— en algo más que un viento de cola pasajero.
El problema es que esa visión no parece ser compartida por completo en Palacio. La presidenta Keiko Fujimori y el premier Luis Galarreta han mostrado cautela frente a los puntos más sensibles del borrador: la reducción de feriados no laborables, la flexibilización de despidos y los ajustes a gratificaciones y CTS. Fujimori ya había descartado tocar los feriados antes de asumir; su ministro de Trabajo lo ha repetido esta semana. Si el borrador técnico y el discurso político no coinciden, alguien tendrá que ceder, y hasta ahora nadie lo ha hecho públicamente.
Ahí entra la pregunta incómoda: ¿alguien filtró el anteproyecto para que naufragara antes de llegar al Congreso? No hay forma de probarlo, pero la hipótesis no es descabellada. Un borrador que toca el régimen laboral y aduanero de manera tan amplia genera resistencias previsibles —de gremios, de bancadas, de sectores dentro del propio gabinete—; exponerlo antes de que exista consenso interno es una manera eficaz de forzar una retirada sin que nadie asuma el costo político de haberla pedido. Fuentes de Fuerza Popular ya han señalado, extraoficialmente, que sospechan de una filtración desde el propio Consejo de Ministros. Si fue deliberada o no, el efecto es el mismo: un debate público sobre un texto que técnicamente no existe.
Luis Miguel Castilla, en un análisis reciente, fue claro sobre lo que está en juego: la delegación de facultades es un instrumento constitucional acotado, no un cheque en blanco, y su valor depende de que se use con materias precisas y resultados verificables. Recordó que el Perú ya desperdició un superciclo de materias primas sin transformarlo en crecimiento sostenido, y que esta es una segunda oportunidad que pocos países reciben por casualidad.
Ese es exactamente el riesgo de seguir postergando el envío del proyecto. Cada semana de indecisión interna resta margen de maniobra frente al calendario legislativo y alimenta la sospecha de que el gobierno no tiene una posición propia, sino varias en disputa. El país no necesita otro episodio de dilación institucional; necesita que el equipo económico y el equipo político se pongan de acuerdo antes de pedirle al Congreso lo que aún no han decidido pedirse a sí mismos.
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