Si hablamos de los grandes retos que deberá enfrentar el próximo gobierno, el más importante de todos es, sin duda, la incapacidad del aparato estatal para dar respuestas efectivas a las necesidades de los peruanos. Durante los últimos 25 años, el Estado no ha dejado de expandirse y, con él, el presupuesto público; sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido en soluciones concretas ni en mejoras sustantivas para la ciudadanía.
Si hablamos del sector salud, el presupuesto se ha multiplicado de S/6.000 millones en el 2010 a más de S/28.000 en el 2026. Sin embargo, la expansión de recursos no se ha traducido en acceso efectivo: siete de cada diez personas que necesitaron atención médica no la recibieron. Ni el SIS ni EsSalud –que atiende a los trabajadores formales y tiene un presupuesto de S/17.000 millones– lograron cubrir la demanda. Como resultado, el 65% de los pacientes terminó recurriendo a farmacias y boticas para resolver sus necesidades de salud, evidenciando la profunda brecha entre el aumento de recursos y la capacidad efectiva del sistema sanitario.
Entre el 2019 y el 2024, el presupuesto del sector educación aumentó en 40%. Sin embargo, ese aumento no se reflejó en mejores aprendizajes ni en la reducción de las brechas de infraestructura. Hoy, cinco de cada diez colegios públicos carecen de acceso a agua potable, saneamiento adecuado y servicios de higiene. Esta precariedad golpea especialmente a niñas y adolescentes, que faltan entre cuatro y cinco días al mes cuando están menstruando por la falta de agua en sus escuelas y la imposibilidad de adquirir productos higiénicos. Resulta urgente que los recursos que se pierden en corrupción, ineficiencias o que simplemente no se ejecutan se destinen a garantizar que las niñas del Perú reciban estos productos, como parte de la campaña escolar, y así puedan ejercer plenamente su derecho a la educación.
Casi nueve millones de peruanos viven hoy en pobreza y de ellos el 5% en pobreza extrema. Tenemos el doble de pobreza extrema que en el 2019. Pero sobre ellos hay un 32% de peruanos que, si bien ha logrado “escapar” de la pobreza, vive en vulnerabilidad. Es decir, no tiene condiciones básicas satisfechas ni acceso a servicios de calidad y puede regresar a la pobreza ante cualquier eventualidad. El primer trimestre de este año, el 40% de los hogares peruanos reportó haberse quedado sin alimentos por falta de dinero o recursos (IEP).
El gasto público ha crecido sostenidamente, pero los resultados no han mejorado. Parte del problema es que un porcentaje importante se va en gasto corriente (administrativos y remuneraciones). Pero lo cierto es que no estamos logrando atraer a los mejores a la gestión pública. Y esto se traduce en una ineficiencia en la gestión y en el gasto que nos cuesta dinero. Videnza Instituto, replicando un estudio del BID, encontró que S/40.000 millones se pierden anualmente en ineficiencias en el gasto público. ¡Imagínese los hospitales y colegios que se podrían construir!
Nuestro problema no es falta de dinero, aunque estamos en una trampa de limitado crecimiento económico, alta informalidad, pobreza y exclusión, con instituciones débiles y una gran desconfianza en el Estado. En los últimos años hemos perdido gran parte de la burocracia más capacitada. Necesitamos hacer los ajustes necesarios y convocar a los mejores cuadros al sector público para responder a las necesidades de los peruanos.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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