La tuneladora Delia llegó este jueves a la estación Insurgentes, en el Callao, y con ella se cerró uno de los capítulos más exigentes de la línea 2 del metro de Lima: la excavación completa de sus 27 kilómetros de túnel. Es una noticia que merece celebrarse. Después de años de retrasos, promesas incumplidas y cambios de cronograma, la obra que unirá Ate con el Callao en 45 minutos –hoy un trayecto de más de dos horas– alcanza ya un avance físico superior al 83%. Que el túnel esté listo no significa que el proyecto haya terminado: restan las instalaciones ferroviarias, la señalización y las pruebas operativas antes de que millones de limeños puedan usarlo. Pero el hito es real y hay que reconocerlo.
También avanza, aunque a paso más lento, la estación central, pieza clave que conectará la línea 2 con el Metropolitano a través de un túnel de interconexión que ya supera el 90% de avance en obras civiles. Cuando esa conexión entre en operación, unida a la renovada vía expresa Grau, Lima tendrá por primera vez un verdadero sistema integrado de transporte masivo, no islas de infraestructura que compiten entre sí por los mismos pasajeros. Es exactamente el tipo de articulación que la ciudad ha necesitado durante décadas.
Sin embargo, todo este progreso corre el riesgo de convertirse en una isla de eficiencia rodeada de inacción. El gobierno de transición de José María Balcázar retiró a las líneas 3 y 4 del Plan Nacional de Infraestructura, dejándolas fuera de la ruta de financiamiento prioritaria justo cuando más se necesitaba continuidad. Que la Autoridad de Transporte Urbano insista en que siguen “priorizadas” para una futura asociación público-privada no cambia el hecho de que, en la práctica, perdieron impulso político en un momento crítico de su estructuración.
La presidenta electa Keiko Fujimori prometió en campaña que las líneas del metro serían un objetivo central de su gestión, incluyendo la ampliación de la línea 1 y el impulso a las líneas 3, 4, 5 y 6. Esa promesa debe traducirse en decisiones concretas desde los primeros meses: decretos de priorización, cierre de la estructuración financiera y señales claras a los inversionistas privados de que estos proyectos no son negociables.
Lima no puede permitirse otra década de anuncios sin continuidad. Cada línea que se posterga es más tiempo perdido en el tráfico, más contaminación y menos productividad para una ciudad de más de diez millones de habitantes. Terminar el túnel de la línea 2 fue un logro necesario. Pero el verdadero examen de este nuevo gobierno será si convierte el metro en política de Estado o si, una vez más, lo deja como una obra inconclusa que cada administración hereda y posterga. El transporte de calidad que Lima merece no admite más pausas.
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