La calidad de una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones periódicas, ni por la cantidad de ciudadanos inscritos en un padrón electoral, sino sobre todo, por el grado de libertad que tienen las personas para decidir sobre sus propias vidas y por la capacidad de la sociedad para garantizar condiciones mínimas de dignidad para todos.
Hace casi diez años, el sociólogo Sinesio López fue invitado a reflexionar sobre el estado de la ciudadanía en el Perú en un foro que reunió a representantes de todos los partidos. Su exposición resultó esclarecedora porque sostuvo que la ciudadanía solo puede entenderse plenamente cuando convergen las libertades políticas, que permiten la participación en los asuntos públicos; los derechos civiles, que garantizan las libertades individuales; y los derechos sociales, que buscan asegurar condiciones de vida compatibles con la dignidad humana.
En materia de libertades políticas, el Perú ha construido mecanismos que permiten una participación relativamente amplia. Al voto obligatorio se le suman iniciativas legislativas ciudadanas, presupuestos participativos, cabildos abiertos y otros espacios de deliberación pública. Desde esa perspectiva, podría afirmarse que nuestra ciudadanía política posee una base formal relativamente sólida.
Sin embargo, el propio Sinesio López advertía que la ciudadanía peruana era alta en términos nominales, precisamente porque todos estamos incorporados al sistema electoral y obligados a votar, mientras que persistían enormes déficits en materia de derechos civiles y sociales. Casi una década después, esa observación mantiene toda su vigencia.
En el ámbito de los derechos civiles el Perú mantiene importantes rezagos. Para ello, basta con observar los debates que todavía mantenemos respecto del aborto y de la muerte digna. En el caso del aborto terapéutico, aunque increíblemente su legalidad es reconocida desde 1924 bajo el artículo 119 del Código Penal, su aplicación continúa enfrentando obstáculos que en la práctica restringen su acceso. La ausencia de criterios uniformes, las demoras administrativas, el temor de los profesionales de la salud a eventuales consecuencias legales y las interpretaciones restrictivas de algunos establecimientos terminan convirtiendo un derecho reconocido en un derecho difícil de ejercer.
No es casual que en Estados Unidos se haya difundido ampliamente la expresión “reproductive rights are human rights”. La frase resume una convicción fundamental, según la cual la capacidad de decidir sobre la propia reproducción forma parte de la autonomía personal y de la dignidad humana. Por ello, toda mujer debería tener la facultad de decidir sobre su propio cuerpo sin que una instancia externa determine si su decisión merece o no ser reconocida en función de las circunstancias que originaron el embarazo o de cualquier otro criterio ajeno a su voluntad.
Algo similar ocurre con el derecho a una muerte digna. El histórico caso de Ana Estrada abrió una discusión que el país había postergado durante demasiado tiempo. Posteriormente, el caso de María Benito reafirmó la necesidad de reconocer que existen situaciones extremas en las cuales la autonomía individual debe ocupar un lugar central. En ambos procesos destacó la labor de la jurista Josefina Miró Quesada, cuya defensa fue tan rigurosa como valiente y contribuyó a ampliar el espacio de reflexión sobre la libertad, la dignidad y los límites de la intervención estatal en las decisiones más íntimas de una persona.
La experiencia internacional muestra que estas discusiones forman parte de la evolución natural de las democracias contemporáneas. En Francia, por ejemplo, organizaciones de la economía social y solidaria participan activamente en los debates sobre salud, bienestar y autonomía personal. Una de las más importantes es MGEN, una organización mutualista que reúne a millones de afiliados y que funciona bajo principios de solidaridad mediante aportes colectivos destinados a financiar servicios de protección social. Sus asociados deliberan democráticamente sobre las coberturas y prestaciones que consideran compatibles con los valores de la organización.
No deja de ser significativo que una institución de esa magnitud haya respaldado la cobertura de servicios vinculados al aborto y que también haya adoptado una posición favorable a la ayuda activa para morir en determinadas circunstancias.
Todo ello nos devuelve a la reflexión planteada por Sinesio López. Mientras sigamos considerando que el Estado, los tribunales, las iglesias o cualquier otra institución deben decidir por los individuos en cuestiones tan íntimas como la reproducción o el final de la vida, nuestra ciudadanía seguirá siendo incompleta, porque una democracia no se mide únicamente por el ejercicio de las libertades políticas sino también por el respeto que otorga a la autonomía de sus ciudadanos.
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