El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario por S/ 4.160,3 millones a favor de entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, además de una emisión interna de bonos soberanos por hasta S/ 1.260 millones para financiar parte de las medidas incluidas en la iniciativa.
La propuesta incorpora recursos para inversiones públicas, continuidad de obras en ejecución, programas de apoyo económico, bonificaciones para docentes y auxiliares, medidas remunerativas en educación superior, proyectos de salud, transferencias a diversas entidades públicas y acciones vinculadas a los Juegos Panamericanos, entre otros conceptos.
Según el proyecto, los recursos financiarán inversiones públicas, continuidad de obras en ejecución y diversas transferencias y programas. Entre las medidas incluidas figuran S/ 300 millones provenientes de utilidades de Fonafe, S/ 211,8 millones para financiar la bonificación extraordinaria de docentes y auxiliares de educación, S/ 160 millones para el bono al buen pagador del programa Impulso MyPerú, S/ 50 millones para inversiones a cargo del Ministerio de Educación y S/ 38,1 millones para la ejecución del Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).
Especialistas consultados por este Diario formularon observaciones a la propuesta, principalmente en relación a sus fuentes de financiamiento y a sus implicancias fiscales.
Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, señaló que cerca de dos tercios de los recursos contemplados corresponden a inversión y aproximadamente un tercio a gasto corriente. En ese sentido, consideró que una parte importante del crédito puede justificarse debido a que financia la continuidad de obras que ya se encuentran en ejecución, siempre que el sobrecumplimiento de la recaudación tributaria proyectado por la Sunat efectivamente se materialice.
Sin embargo, advirtió que el principal cuestionamiento está en la forma de financiamiento planteada por el Ejecutivo. Según explicó, el proyecto incorpora S/ 1.260 millones mediante emisión de bonos y otros S/ 911 millones provenientes de recursos extraordinarios de Fonafe y del Banco de la Nación para cubrir gastos de carácter recurrente.
David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, calificó la medida como irresponsable y sostuvo que las cuentas fiscales ya enfrentan presiones significativas. A su juicio, el contexto actual no justifica una expansión adicional del gasto público.
“Es cierto que el precio de los commodities está dando cierto aire, pero es un aire temporal”, señaló Tuesta, quien recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado que el déficit fiscal estructural del Perú alcanza actualmente el 3,6% del PBI.
Uno de los puntos que ha generado mayores cuestionamientos es la autorización para emitir bonos soberanos por hasta S/ 1.260 millones.
El proyecto también señala que la emisión interna de bonos se realizará fuera de los montos máximos autorizados para las operaciones de endeudamiento interno en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026.
Castilla consideró que este componente merece especial atención, ya que los recursos se incorporarían fuera del límite establecido en la Ley de Endeudamiento. Aunque estimó que la medida no tendría un impacto material sobre el cumplimiento de las reglas fiscales durante el 2026, sí advirtió que debilita el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas con el proceso de consolidación fiscal.
“El crédito erosiona el compromiso del MEF con la necesaria consolidación de las finanzas públicas y afecta su credibilidad”, sostuvo.
Tuesta, por su parte, sostuvo que el problema trasciende al monto específico del crédito suplementario, pues radica en las presiones que enfrentan actualmente las cuentas fiscales. A su juicio, una expansión adicional del gasto público en este contexto no constituye una buena política económica y podría terminar trasladando costos a los contribuyentes.
Castilla también formuló observaciones sobre la composición de los recursos incluidos en la propuesta. Del total de recursos, destacó como justificables los destinados a proyectos de gobiernos regionales y locales, la continuidad de obras en salud y la atención de emergencias. Entre los componentes que generan mayores reparos mencionó las partidas remunerativas, entre ellas la bonificación extraordinaria para docentes y auxiliares, y otras medidas vinculadas al personal CAS.
Según explicó, el bloque de medidas remunerativas en educación y contratación administrativa de servicios (CAS) asciende aproximadamente a S/ 510 millones. Dentro de este grupo destacó la bonificación extraordinaria destinada a unos 435.000 docentes. “El núcleo más populista es el bloque remunerativo de educación y CAS”, afirmó.
Castilla consideró que el crédito suplementario no es enteramente populista, ya que incluye recursos para inversiones y obras en ejecución. Sin embargo, señaló que sí tiene un componente clientelar y cuestionó que comprometa el margen de acción del próximo gobierno a pocas semanas del cambio de administración.
“Lo más cuestionable no es necesariamente el monto, sino que comprometerá el margen de acción del próximo gobierno a solo pocas semanas del fin de mandato”, señaló.
El proyecto deberá ser debatido por el Congreso en las próximas semanas.
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