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Se trata de una intensificación significativa de estas audiencias que ha generado alarma entre los abogados migratorios y los defensores de los migrantes, al plantear interrogantes sobre el respeto al debido proceso de los citados. En contexto, según datos de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), estos procesos ‘solo’ congregaban antes a entre 20 y 30 personas, por lo que la realización de ‘megaaudiencias’ con más de 100 participantes es una escalada notoria.
La medida, que se ha reportado en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Dallas, Boston, Indianápolis, San Antonio y Laredo, surge en un contexto de fuerte presión sobre el sistema migratorio. Es así que según datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) – la agencia del Departamento de Justicia encargada de administrar los tribunales de migración – hasta marzo de este año existían 3,5 millones de casos pendientes en sus cortes.
También ocurre en momentos en que la administración ha visto un enorme éxodo de profesionales legales en casi todos sus departamentos, con una investigación del New York Times notando que han perdido 10 mil abogados desde inicios del 2025. Esta medida también ha afectado a quienes se sientan en el banquillo y el gobierno ha despedido a más de un centenar de jueces de inmigración mientras que ha flexibilizado los requisitos para ocupar esos cargos, permitiendo la incorporación de abogados con menor o incluso nula experiencia en derecho migratorio.
El Comercio conversó con Ysabel Lonazco Granados, abogada de Lonazco Law y especialista en inmigración radicada en Utah, quien señala que el principal problema de estas audiencias masivas es que ponen en riesgo los derechos de los inmigrantes de ser escuchados individualmente y a presentar adecuadamente sus argumentos ante un juez.
“Toda persona tiene derecho a ser escuchada por un juez de inmigración y a defender su caso, pero la política actual del gobierno está enfocada en las deportaciones masivas y muchas de las medidas implementadas giran alrededor de ese objetivo”, señala. “Lo preocupante es que algunos jueces de inmigración no tienen experiencia suficiente en derecho migratorio. Además, estoy viendo casos en los que personas sin representación legal son llevadas a audiencias grupales y se toman decisiones muy rápidas sobre solicitudes de asilo, incluso en cuestión de minutos, lo que puede afectar el debido proceso”.
Los retratos oficiales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del vicepresidente, JD Vance, cuelgan en el Tribunal de Inmigración de Nueva York, ubicado en el Edificio Federal Ted Weiss de la ciudad de Nueva York, el 7 de abril de 2026. La actual administración tiene como objetivo deportar a más de un millón de migrantes al año. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Según la letrada, los casos de asilo son particularmente complejos y requieren una preparación extensa que incluye declaraciones detalladas, evidencia documental y argumentos jurídicos elaborados por abogados. En ese contexto, considera difícil que una persona pueda exponer adecuadamente su situación dentro de audiencias masivas y aceleradas.
“Las personas que van a una megaaudiencia definitivamente pierden su derecho al debido proceso porque no están preparadas para argumentar sus casos”, sostiene Lonazco.
AILA también ha advertido que algunos jueces están conduciendo estas audiencias de manera colectiva, dirigiéndose en simultáneo a decenas de personas y solicitando respuestas generales sobre cuestiones fundamentales del proceso. Esto podría dificultar que los inmigrantes comprendan plenamente sus derechos o planteen dudas específicas sobre sus expedientes.
La preocupación es aún mayor para quienes no cuentan con representación legal. La mayoría de los inmigrantes que comparecen ante los tribunales lo hacen sin abogado, lo que los deja en una posición especialmente vulnerable frente a procedimientos complejos y acelerados.
Otro de los riesgos identificados por los expertos es la emisión de órdenes de deportación en ausencia. Diversos abogados han reportado que algunos inmigrantes podrían no enterarse de cambios en las fechas de sus audiencias o recibir notificaciones con escasa anticipación. Una situación grave ya que si estos no se presentan ante el tribunal, el juez puede ordenar automáticamente su deportación.
Lonazco también observa un endurecimiento en la forma en que se desarrollan algunos procedimientos. Según explica, anteriormente era más común que los jueces concedieran tiempo adicional para que los inmigrantes consiguieran representación legal. Ahora, afirma, se están tomando decisiones mucho más rápidas sobre ciertos casos.
No obstante, la abogada subraya que el debate no gira necesariamente en torno a un cambio de la ley migratoria. A su juicio, la diferencia principal radica en la forma en que el Gobierno está aplicando las normas existentes.
“La Ley de Inmigración y Nacionalidad no ha cambiado desde 1952, lo que ha cambiado son las prioridades de la administración para la aplicación de esa ley”, agrega.
En su opinión, durante administraciones anteriores las autoridades tendían a concentrar los esfuerzos de deportación en personas con antecedentes criminales o consideradas una amenaza para la seguridad pública, pero en la actualidad prácticamente cualquier persona que se encuentre en violación de las normas migratorias puede ser considerada una prioridad para la deportación.
Ante el nuevo escenario, los especialistas recomiendan a los inmigrantes adoptar una actitud muy meticulosa y atenta respecto a sus procesos judiciales, aunque la principal es encontrar representación legal lo antes posible.
Para Lonazco, acudir a una audiencia sin un abogado puede reducir significativamente las posibilidades de presentar adecuadamente un caso de asilo o cualquier otra solicitud migratoria.
“Lo más importante es buscar representación. No ir a una corte sin un abogado”, enfatiza la legista, recordando que existen organizaciones sin fines de lucro y abogados de bajo costo en todo el país que buscan ayudar a los migrantes.
En esta línea, la letrada insta a buscar profesionales licenciados con conocimiento del tema y no depender exclusivamente de preparadores de documentos, notarios o asistentes legales que no estén autorizados para ejercer la abogacía o no tengan los conocimientos necesarios para defender los intereses de sus clientes.
Otra medida clave es mantener actualizada la información de contacto ante los tribunales de inmigración. En ese aspecto, remarca que los migrantes deben mantener actualizada a la corte sobre cualquier cambio de domicilio, así como verificar periódicamente el estado de sus casos mediante los sistemas públicos de consulta disponibles.
“Ahora más que nunca es una labor proactiva”, afirma Lonazco, resaltando que una orden de deportación en ausencia puede complicar considerablemente la situación migratoria de una persona y obligarla a iniciar costosos procedimientos para intentar reabrir su caso.
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