Reparen en que Roberto Sánchez no reclama la libertad inmediata del dueño del sombrero (lo que hace es prometer que lo liberará si llega a Palacio). ¿De qué le sirve a un candidato que su símbolo cautivo y victimizado devenga una presencia atrabiliaria que revolotee a su alrededor y estorbe su campaña?
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El único que insiste, alega y presiona por un indulto inmediato es Walter Ayala, uno de sus abogados. Sus familiares ya electos por Juntos Por el Perú (JP) -hermano José Castillo Terrones e hija afectiva Jennifer Paredes- no han tomado la tribuna pública para reclamar la libertad de su ser querido. Ni siquiera otro de sus abogados, José Domingo Pérez, coincide con Ayala en el pedido. Cuando se lo pregunté a Pérez, dijo ni estar enterado de los detalles del trámite de Ayala. Este último ha insistido tanto con el asunto que provocó que el presidente José María Balcázar contradijera su declaración inicial de que el indulto “no está en agenda” y la cambie por la espera del “pedido correspondiente”.
En realidad, Ayala ya hizo uno que no fue admitido y dejó en la nebulosa la presentación de otro. A ese ‘nuevo pedido’ es que aludió Balcázar.
Walter Ayala es el abogado de Pedro Castillo y también cercano a Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú y aliado del golpista expresidente.
En resumen preliminar, Pedro la tiene difícil ante el gobierno que se va: el presidente es tan contradictorio y desacatado por sus subalternos que ya ven lo que pasó con la compra de los F16.
“Hay cola para hablar con Castillo; pero no es una fila india en la puerta de Barbadillo; pues ello provocaría un escándalo. Es una cola dispersa en el vecindario, con visitantes en las cercanías a la espera de que se le abra un hueco al ocupado presidente reo”
El primer ministro Luis Arroyo y el ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra (en cuya cancha está la comisión de gracias presidenciales que evalúa los pedidos), están claramente contra el indulto. Por lo demás, varios actores políticos e institucionales podrían entorpecer -en caso Balcázar firme un papel a solas- la ejecución del ‘cúmplase’. La esperanza de Pedro está en que gane Sánchez y cumpla la promesa que le ha hecho varias veces en privado y declarado en público, como el 10 de mayo en Huancayo: “Si el pueblo nos da la confianza, Pedro Castillo saldrá en libertad”.
Preso popular
Castillo hace recordar a Alberto Fujimori en otro punto: se mete en la campaña desde la cárcel. Es visitado constantemente por sus propios voceros que no temen contradecir a los de Sánchez (ver mi próxima crónica “Las muchas voces de Roberto”).
El penal de Barbadillo es una puerta giratoria por la que entra un familiar y sale un abogado, mientras Pedro conversa con Iber Maraví o con un maestro candidato. Hay cola para hablar con Castillo; pero no es una fila india en la puerta de Barbadillo; pues ello provocaría un escándalo. Es una cola dispersa en el vecindario, con visitantes en las cercanías a la espera de que se le abra un hueco al ocupado presidente reo.
Los intermediarios son cruciales. Un político que estuvo a punto de cerrar un trato electoral con Castillo (fue atrasado por Sánchez) me contó que Pedro no solo era prisionero del Estado sino de su gente. Ellos lo traducen, lo interpretan y lo postean en redes a su manera. Mi interlocutor, salvo las pocas ocasiones en que logró una visita directa, nunca sintió que los mensajes que recibió a través de intermediarios como Iber Maraví (su exministro de Trabajo) o Jorge Spelucín (ex perulibrista cajamarquino), fuesen la voluntad explícita de Castillo.
Pedro no tiene mucho tiempo para aburrirse. La última vez que lo vimos en una audiencia televisada, se le vio sonreír de oreja a oreja saludando a alguien en la sala. Su semblante era muy distinto al que lucía en sus primeras apariciones, devastado y ansioso, quejándose de la justicia y de dolores en la espalda. Estas sonrisas deben estar asociadas a la ilusión política de salir libre. Porque de esperanza legal, hay poca.
Pedro Castillo fue condenado a más de 11 años de prisión por conspiración. Aquí en una de las audiencia de su juicio oral cuando saluda y hace un gesto a Betssy Chávez, también sentenciada por ese caso, pero asilada en la Embajada de México en Lima. Foto: GEC / Alessandro Currarino
/ ALESSANDRO CURRARINO
La sentencia condenatoria a 11 años de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión fue apelada y se espera una pronta sentencia en segunda instancia. Que sea absuelto o puesto en libertad es menos probable a que sea condenado con la misma o menor pena. Si es la misma, le quedan 7 años por cumplir.
Le queda a Castillo afrontar los procesos por la megacorrupción en el MTC y en el Ministerio de Vivienda. Del primero recordemos que su ex chofer de campaña y ex ministro Juan Silva sigue prófugo y del otro caso recordemos las contundentes revelaciones del colaborador eficaz Salatiel Marrufo que gatillaron la proclama golpista del 7 de diciembre del 2022. Tercera y última comparación con Fujimori: al igual que a Alberto, a Pedro se le ha comenzado a juzgar por delitos asociados a la política, dejando la equívoca percepción popular -clave para sus narrativas exculpatorias- de que nunca se les juzgó o condenó por corrupción. Su ilusión es que Roberto también lo libre de eso.
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