La muerte, en su esencia biológica, es el gran nivelador. Sin embargo, en el tejido social del Perú, el acto de morir está lejos de ser democrático. Para miles de ciudadanos, el lugar donde cierran los ojos por última vez no depende de una voluntad expresada en vida, ni de un acuerdo íntimo con la familia, sino de una compleja red de factores que incluyen el código postal, el nivel de instrucción y la lengua materna. Un nuevo estudio nacional, que analiza la cifra monumental de 1,093,463 fallecimientos ocurridos entre 2017 y 2024, ha levantado el velo sobre una realidad incómoda: el hogar, para muchos, no es un espacio de confort paliativo, sino el último refugio de quienes el sistema de salud no pudo o no quiso recibir.
La investigación, liderada por el Dr. Brayan Miranda-Chavez y un equipo de científicos de diversas instituciones peruanas, utiliza como fuente principal el Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF). Este registro, que ganó notoriedad pública durante las olas más oscuras de la pandemia de COVID-19, se ha convertido hoy en la herramienta de análisis sociológico más potente del país. Al estudiar las tendencias de siete años, los investigadores han logrado identificar patrones que van más allá de la simple estadística médica.
Los datos son contundentes: el 53.1% de los peruanos muere en un establecimiento de salud, mientras que el 41.3% lo hace en su hogar. A primera vista, estas cifras podrían sugerir un equilibrio, pero la tendencia es lo que preocupa a los expertos. Según el artículo publicado en Archives of Public Health, existe un incremento sostenido y estadísticamente significativo en la proporción de muertes en el hogar a lo largo de los últimos años. Este aumento plantea una pregunta crítica: ¿estamos ante un retorno consciente a la muerte en casa o es el síntoma de un sistema de salud que está expulsando a sus pacientes más vulnerables?
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Uno de los hallazgos más reveladores del equipo de investigadores es la disparidad regional. En Lima Metropolitana, el centro del poder político y médico, la muerte institucionalizada es la norma. Pero al cruzar las fronteras de la capital, el panorama cambia drásticamente. En regiones como Puno (62.3%) y Huancavelica (57.3%), morir en casa es la experiencia mayoritaria.
Esta “geografía del adiós” no es casual. El estudio demuestra que vivir fuera de la capital y en zonas con menor densidad de camas hospitalarias predice directamente una muerte fuera del sistema. El análisis sugiere que la centralización de los servicios de salud no solo afecta la posibilidad de curarse, sino también la dignidad de morir. En las zonas altoandinas y amazónicas, la distancia física hacia un hospital se convierte en un muro infranqueable para las familias que enfrentan el final de la vida de un ser querido.
“Morir en el hogar en Perú a menudo no es una elección basada en la preferencia del paciente, sino un reflejo de inequidades estructurales y un acceso limitado a servicios de salud.”
Quizás el punto más doloroso del estudio es el que se refiere a los cuidados paliativos. Utilizando la metodología de la Comisión Lancet, los investigadores estimaron que dos de cada tres personas que murieron en el periodo analizado sufrían de condiciones que requerían manejo del dolor y soporte emocional profesional. Sin embargo, el estudio encontró una paradoja cruel: aquellos con necesidades de cuidados paliativos tenían una probabilidad significativamente menor de morir en su hogar en comparación con quienes morían por causas agudas o inesperadas.
Esto revela una falla sistémica en el diseño de la salud pública peruana. En los países con sistemas de salud robustos, el cuidado paliativo se traslada al hogar para permitir una muerte digna y rodeada de afectos. En Perú, parece ocurrir lo contrario: el hogar es el lugar para quienes no tienen una enfermedad “gestionable” por el hospital, pero si el paciente sufre una enfermedad terminal larga y dolorosa, la familia se ve obligada a buscar el hospital simplemente porque es el único lugar donde existe una mínima posibilidad de acceder a fármacos para controlar el dolor.
El estudio no teme abordar variables sensibles como la etnicidad. Los datos muestran que las personas que se autoidentifican como parte de pueblos indígenas (quechuas, aymaras o de etnias amazónicas) presentan una mayor prevalencia de muerte en el hogar. Aquí, el análisis entra en un terreno complejo ¿es una resistencia cultural al sistema médico occidental o es el resultado de un sistema que no habla su idioma ni respeta sus cosmovisiones?
Si bien existe un componente de preferencia cultural por morir cerca de la tierra y los ancestros, los investigadores advierten que no se debe romantizar esta cifra. Cuando la muerte en el hogar se cruza con variables como el analfabetismo o la pobreza extrema, la “preferencia” suele ser en realidad una falta de alternativas. El sistema de salud peruano, según sugieren los resultados, sigue siendo una estructura pensada por y para el entorno urbano e hispanohablante.
¿Qué nos dice este millón de historias sobre el futuro? Para los autores del estudio, la conclusión es clara: Perú necesita urgentemente descentralizar no solo la cura, sino el cuidado. La tendencia creciente de muertes en casa, sumada al envejecimiento de la población, ejercerá una presión sin precedentes sobre las familias, que hoy asumen solas la carga física y emocional de cuidar a un moribundo sin capacitación ni soporte del Estado.
La implementación de la Ley de Cuidados Paliativos no puede seguir siendo un texto en el papel. El estudio es un llamado a la acción para crear redes de cuidado domiciliario que garanticen que, si un peruano decide o se ve obligado a morir en su casa, ese acto no sea sinónimo de abandono, dolor intratable y soledad institucional.
Al final del día, la calidad de una sociedad no solo se mide por cómo nacen sus ciudadanos, sino por la compasión y la justicia con la que se les permite partir. Los datos del SINADEF han hablado; ahora le toca al sistema de salud responder.
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