Fuerza Popular pidió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que permita a sus personeros grabar el conteo de votos de la segunda vuelta, programada para el domingo 7 de junio. Así lo comunicó el jefe de personeros de la agrupación, Luis Dyer Fernández, quien sostuvo que la medida busca “dar transparencia” al proceso de escrutinio tras las irregularidades registradas en la primera vuelta.
Dyer señaló que no existe ninguna disposición normativa que prohíba expresamente a los personeros registrar en video el momento del conteo de votos en las mesas de sufragio.
“No existe ninguna ley que impida que un personero pueda grabar el conteo de votos. Quiero dejar esto muy claro: me refiero específicamente al momento del escrutinio, cuando el presidente de mesa levanta la cédula y se la enseña a los personeros para verificar el voto”, dijo en diálogo con RPP.
El Comercio accedió a un oficio que Fuerza Popular envió a la ONPE el pasado 19 de mayo. En este, el partido cuestionó que materiales de capacitación difundidos por la ONPE darían a entender una prohibición general para usar cámaras fotográficas o equipos de filmación durante la jornada electoral.
La agrupación argumentó que esa restricción puede colisionar con la Ley Orgánica de Elecciones, pues el escrutinio, el llenado de actas y otros actos del proceso son de naturaleza pública.
En el oficio, Fuerza Popular pidió que la ONPE precise públicamente que la prohibición de grabar solo alcanza al acto secreto del sufragio y no al escrutinio, cierre de mesas o publicación de resultados.
Además, solicitó que se modifiquen cartillas e instructivos que puedan interpretarse como una restricción absoluta y que se instruya al personal electoral para no impedir registros audiovisuales de actos públicos, siempre que no afecten el secreto del voto ni el desarrollo de la jornada.
El oficio también señala que los hechos serán comunicados a la Fiscalía de la Nación para que fiscales de prevención del delito verifiquen que la ONPE “no atentará contra los principios de publicidad y transparencia” durante el proceso electoral.
En tanto, Diethell Columbus, virtual diputado por Fuerza Popular, dijo a El Comercio que en reunión con representantes del JNE el jueves 21, “les dije que su obligación es fiscalizar estos hechos”.
El partido de la candidata presidencial Keiko Fujimori sostiene que la grabación del escrutinio permitiría que la ciudadanía confíe en los resultados oficiales.
Luis Dyer insistió en que el pedido no implica registrar el acto del sufragio dentro de la cámara secreta. “No vamos a filmar a los votantes ni el acto secreto del sufragio; lo que pedimos es que, durante el escrutinio y respetando la distancia legal de tres metros, el personero pueda no solo mirar, sino también filmar”, afirmó.
El pedido surge luego de las irregularidades y problemas logísticos reportados durante la primera vuelta electoral del pasado 12 de abril, así como las denuncias de presunto fraude formuladas por el excandidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) sin pruebas fehacientes.
Las autoridades electorales tienen previsto instalar más de 92 mil mesas de sufragio. En ese escenario, Fuerza Popular lanzó una campaña para contar con 100 mil personeros. No obstante, Dyer reconoció que a la fecha cuentan con aproximadamente 25.500.
Según dijo, el pedido de grabación no busca vulnerar la privacidad de los miembros de mesa. La filmación estaría enfocada únicamente en las cédulas.
El especialista en derecho electoral José Naupari señaló que no existe límite legal que impida grabar el conteo de votos.
“El escrutinio es un acto público. Los alcances de esa publicidad es algo que efectivamente tendrán que dilucidar las autoridades electorales, pero la regla general es que esa etapa sí es pública. […] Aunque lo cierto es que la publicidad, en principio, debiera ser algo que asegure la propia autoridad electoral y no un tercero; en este caso, un partido; al menos a nivel de limitación legal, no existe”, dijo en diálogo con El Comercio.
Naupari precisó que lo que no se puede es transgredir el carácter secreto del voto.
Consultado por la posibilidad de que los miembros de mesa no deseen ser grabados, señaló: “No se tiene por qué estar enfocando a la gente. Lo que importa es el voto, las cédulas y el acta; no importa la cara de las personas”.
Por ello resaltó que aunque la etapa de escrutinio es pública, se debe determinar las dimensiones de esa publicidad: si alcanza la cédula, el acta o a los miembros de mesa.
“Lo que queda claro es que, aun si se diera permiso, no pueden suponer una limitación o una perturbación del sufragio, porque el sufragio es ininterrumpido”, sentenció.
El también especialista en derecho electoral José Tello coincidió en que, en rigor, no existe una disposición legal que impida grabar el momento del escrutinio. “En la vía electoral, no hay un impedimento explícito. La única limitación recae en el secreto del voto, lo cual constituye no solo una falta administrativa, sino también un delito según la Ley Orgánica de Elecciones”, dijo.
No obstante, destacó que más allá del ámbito electoral, el punto crítico es el derecho a la intimidad de las personas.
“Los miembros de mesa pueden no desear ser grabados y no se les puede forzar a ello. Si bien la transparencia es un bien jurídico a proteger en nuestro ordenamiento electoral, también existe el derecho fundamental a la intimidad. Para muchas personas, la presencia de una cámara puede resultar invasiva, por lo que resulta fundamental que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie para determinar la proporcionalidad entre la transparencia del proceso electoral y el derecho a la intimidad”, señaló en diálogo con El Comercio.
En opinión de Tello, si el JNE, en coordinación con la ONPE, aceptara el uso de cámaras para grabar el escrutinio, se debe considerar la capacidad logística necesaria.
Un despliegue a nivel nacional implicaría cubrir 92.766 mesas de sufragio. “Este factor logístico sería sumamente costoso y las elecciones tienen limitaciones presupuestales que no prevén este tipo de gastos para una segunda vuelta. Además, no corresponde que tales costos sean asumidos por un ente privado. En consecuencia, si los organismos electorales deben asumir este costo, el asunto es complicado”, señaló.
La ONPE reprogramó para este viernes 22 la reunión con los personeros legales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, que inicialmente estaba prevista para el jueves pasado.
El jefe interino de esa institución, Bernardo Pachas, los convocó para que puedan conocer cómo se desarrollarán los comicios.
“Hemos enviado dos cartas a los personeros legales de los partidos políticos en contienda en esta segunda vuelta para que puedan ver todo el proceso electoral que se realizará en la segunda vuelta desde la parte tecnológica y logística”, señaló el jueves, durante la ceremonia de entrega de material electoral de la ONPE a la cancillería.
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