José Martínez Olmos, profesor EASP y Ex Secretario General de Sanidad.
El brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius ha devuelto a la conversación pública una palabra que inevitablemente despierta inquietud: virus. Después de la Covid-19, cualquier amenaza infecciosa activa una memoria colectiva todavía reciente. Sin embargo, precisamente por esa experiencia, conviene actuar con serenidad, rigor científico y proporcionalidad. Porque no todas las alertas sanitarias tienen el mismo significado ni todas justifican respuestas basadas en el miedo.
Estamos ante una crisis de salud pública importante, pero nada indica, con la evidencia disponible, que exista riesgo razonable de pandemia. Ese mensaje no responde a una voluntad de tranquilizar artificialmente a la población. Responde al conocimiento científico actual. El último informe público del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), publicado en mayo de 2026 tras analizar el brote del MV Hondius, concluye que no existe evidencia de mutación del virus. Las secuencias genómicas estudiadas son prácticamente idénticas, lo que apunta a un único evento inicial de transmisión desde un animal infectado a un ser humano.
Dicho de forma sencilla: el virus se está comportando como lo hace habitualmente en zonas endémicas y no como una nueva amenaza biológica capaz de extenderse masivamente. Eso no significa minimizar el problema. El hantavirus puede provocar cuadros muy graves e incluso mortales. Hasta mediados de mayo, el brote asociado al crucero acumulaba ocho casos, cinco confirmados y tres sospechosos, con tres fallecimientos, afectando a pasajeros de veintitrés países. La cepa identificada es la Andes, la única de hantavirus donde se ha documentado transmisión entre personas. Pero también sabemos que esa transmisión requiere contacto estrecho y prolongado y no se produce fácilmente.
“Estamos ante una crisis de salud pública importante, pero nada indica, con la evidencia disponible, que exista riesgo razonable de pandemia”
Por ello, el propio ECDC califica actualmente el riesgo para la población general europea como “muy bajo”, siempre que se mantengan adecuadamente las medidas de vigilancia y cuarentena. Aunque puedan aparecer algunos casos adicionales durante el periodo de incubación, no estamos ante un escenario comparable al de un virus respiratorio de alta transmisibilidad. La respuesta correcta debe combinar vigilancia intensa con ausencia de alarmismo. Y aquí aparece una lección importante: la salud pública funciona precisamente cuando logra detectar amenazas antes de que se conviertan en problemas mayores.
Se han identificado casos, rastreado contactos y localizado incluso a personas que abandonaron el barco antes de conocerse oficialmente el brote. Los sistemas de vigilancia epidemiológica europeos y nacionales están actuando. Pero tan importante como gestionar el virus es gestionar la incertidumbre. Uno de los mayores riesgos puede no ser sanitario, sino comunicativo.
La experiencia reciente demuestra que rumores, mensajes contradictorios o informaciones incompletas erosionan rápidamente la confianza ciudadana. La desinformación puede expandirse más rápido que una enfermedad infecciosa. Por eso resulta imprescindible que los mensajes públicos estén coordinados y liderados desde el Gobierno de España, en estrecha colaboración con las comunidades autónomas y sustentados en evidencia científica. La transparencia genera confianza. Las contradicciones institucionales generan ansiedad.
«Las amenazas sanitarias seguirán existiendo. La verdadera pregunta no es si habrá nuevos brotes, sino si estaremos mejor preparados para afrontarlos»
La cooperación entre administraciones tampoco es opcional ya que las enfermedades infecciosas no distinguen fronteras ni competencias políticas. Gobierno central y comunidades autónomas, junto a la sanidad privada deben funcionar como una red integrada.
En este contexto conviene reivindicar también el papel de la Organización Mundial de la Salud. La OMS puede y debe ser mejorada, pero sería profundamente irresponsable cuestionar la necesidad de organismos multilaterales fuertes. La última alerta OPS/OMS, publicada en diciembre de 2025, notificó 229 casos y 59 fallecimientos en las Américas, con una letalidad del 25,7% y aumentos significativos en países como Bolivia o Paraguay. El mismo informe insiste, sin embargo, en que la transmisión continúa siendo predominantemente zoonótica. Es decir: problema serio, sí; amenaza pandémica, no.
España tiene además una obligación legal y moral de proteger y asistir a sus ciudadanos potencialmente afectados. El seguimiento de las personas expuestas debe priorizar el aislamiento voluntario, la información rigurosa y la corresponsabilidad. Pero tampoco conviene ignorar que el ordenamiento jurídico español permite, bajo proporcionalidad y control judicial, imponer medidas obligatorias cuando exista un riesgo relevante para la salud colectiva.
Este episodio deja además una reflexión de fondo. Resulta difícil comprender que España siga retrasando la plena puesta en marcha de la Agencia Estatal de Salud Pública. Si hoy estuviera operativa, dispondríamos de una estructura técnica adicional para aportar análisis independiente, coordinación científica, evaluación de riesgos y mayor solvencia institucional. No sustituiría las competencias autonómicas, pero reforzaría claramente la capacidad de respuesta del sistema.
Las amenazas sanitarias seguirán existiendo. La verdadera pregunta no es si habrá nuevos brotes, sino si estaremos mejor preparados para afrontarlos. Y esa preparación comienza mucho antes de la siguiente crisis: fortaleciendo instituciones, cooperando mejor y tomándonos la salud pública realmente en serio.
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