La situación actual de la Reserva Nacional Tambopata refleja la grave crisis que enfrenta el Estado ante el avance de la minería ilegal en áreas naturales protegidas. A pesar de que Tambopata está entre las primeras 10 áreas naturales más visitadas en el Perú, y a escala mundial se encuentra en el top 100 ‘green destinations’, no está libre de amenazas.
La presencia de minería ilegal dentro y alrededor de esta reserva ocasiona deforestación, contaminación por mercurio, pérdida de biodiversidad y expansión de economías ilícitas que afectan a comunidades y ecosistemas amazónicos.
Para el próximo gobierno, la lucha contra la minería ilegal debe convertirse en una prioridad nacional con acciones firmes e integrales. Estas medidas no pueden limitarse a operativos de interdicción, sino complementarse con un adecuado proceso de formalización minera, fiscalización efectiva y eliminación de los espacios de impunidad que actualmente favorecen esta actividad.
Una de las principales medidas debe ser el cierre definitivo del Reinfo y la creación de un nuevo marco legal para la pequeña minería y minería artesanal (MAPE), basado en reglas claras, responsabilidad ambiental y fiscalización efectiva.
Sabemos que el Reinfo es solo un mecanismo utilizado para evitar sanciones penales, civiles y administrativas, incluso en zonas prohibidas.
Asimismo, el Estado debe fortalecer el control de la cadena minera mediante la fiscalización de plantas de beneficio, el control de insumos químicos y trazabilidad del mineral, combatiendo delitos como lavado de activos, trata de personas y contaminación ambiental. Resulta indispensable implementar plenamente el Sistema Interoperable para la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
La minería aurífera informal y/o ilegal en el Perú tiene dos fuentes intrínsecamente ligadas: una son las vetas angostas de origen magmático, de alto contenido metálico y explotadas de manera precaria en zonas altoandinas, y luego procesadas en plantas registradas como pequeña minería; la segunda, paleomeandros formados por la erosión de dichas vetas auríferas, transportadas aguas abajo hacia nuestras cuencas amazónicas con menor contenido metálico y que se extraen de manera masiva a cielo abierto, y donde se emplea mercurio para su recuperación metalúrgica.
En el caso de nuestra Reserva Nacional de Tambopata, ubicada en Madre de Dios y que cuenta con más de 274.000 hectáreas de biodiversidad excepcional en flora y fauna, su mera declaración de área protegida ha sido claramente insuficiente para protegerla del avance de la minería aurífera informal y/o ilegal.
Lo que se requiere ahora es una decisión política que obligue a que en nuestros territorios amazónicos, en primer lugar, todos los equipos de movimiento de tierras operen con GPS y que toda venta de combustible para dichos equipos esté condicionada a evidenciar que el GPS esté operativo; en segundo lugar, que nuestras autoridades (ambientales, policiales y judiciales) cuenten con información satelital en línea que les permita contar con evidencia física y así restablecer el Estado de derecho.
Y en lo referente a ambos tipos de minería aurífera informal y/o ilegal, tanto filoniana como aluvial, se requiere que nuestro Congreso de la República no extienda la vigencia del Reinfo y que además recentralice la autorización y fiscalización de plantas de tratamiento, y por último, eleve el estándar para la exportación de oro, añadiéndole a la trazabilidad documentaria la evidencia física del origen del mineral, en base a la tecnología existente.
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