Muchos solemos pedir a los gremios empresariales que se involucren en los debates sobre el futuro del país, pero creo que la decisión de la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores (ÁDEX) y otras organizaciones –excepto la Confiep– de plegarse a las exigencias de un candidato presidencial puede terminar haciéndoles más daño que el riesgo que creen estar tratando de prevenir.
Es irrefutable que la transparencia es un requisito esencial en un proceso electoral, que se han cometido irregularidades y que una verificación de los sistemas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sería saludable, pero condicionar la proclamación de resultados de la primera vuelta a la realización de una auditoría internacional que podría tomar meses si consideramos los plazos de contratación y de ejecución, sin que haya evidencias reales de fraude, es un sinsentido que solo puede entenderse si aceptamos que han cedido a las presiones de un político que no ha aprendido a que le digan que no.
Y es que, si algo caracteriza a Rafael López Aliaga y a su partido Renovación Popular, es que actúan como un bulldozer, una gigantesca máquina niveladora que solo te ofrece dos opciones: o te subes y avanzas con ella, o te pasa por encima.
Gran parte del sector empresarial creía que ya “les tocaba” una elección en la que no se jugara el modelo económico. En ese sentido, comprendo su frustración y comparto la percepción de que una eventual presidencia de Roberto Sánchez sería nefasta para el país.
Pero no puedo justificar su reacción. Los voceros de los gremios afirman que no están defendiendo a un candidato, pero, en la práctica, sí se están convirtiendo en amplificadores de su discurso y en cómplices de un intento de demolición de la ya débil confianza en los organismos electorales, cuyas consecuencias son difíciles de medir.
¿Con qué ojos verá el Perú los reclamos justos de los gremios empresariales en el futuro si hoy se están aliando con voces que van en contra del orden legal e institucional, e incluso piden anular mesas de votación? ¿Con qué autoridad moral los gremios empresariales van a defender el resultado de la segunda vuelta cuando, en el hipotético caso en el que triunfe Keiko Fujimori, el sur del país reclame un fraude?
Es hora de que los líderes empresariales entiendan que esa segunda vuelta entre dos opciones de derecha solo se dará cuando el resto del país, especialmente el sur, perciba los beneficios de la inversión privada y sienta que su voz existe y es respetada, que es lo opuesto a lo que están haciendo hoy.
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