La profundidad de la crisis política se constata cuando advertimos que, en las elecciones presidenciales de países vecinos, quienes pasan a la segunda vuelta suelen concentrar más del 50% de los votos. En Ecuador, por ejemplo, representaban el 88%; en Bolivia, el 57%; y en Chile, el 51%. Aquí, en cambio, apenas alcanzarían el 29,13%.
Si el Congreso hubiera aprobado la sensata propuesta –mucho pedir– de permitir el pase de tantos candidatos como fueran necesarios hasta superar conjuntamente el 50%, habrían avanzado Fujimori, Sánchez, López Aliaga y Nieto, sumando el 52,02%.
La falta de representatividad es aún más grave porque, con estas reglas y estos resultados (al 97%), si Fujimori gana, solo el 14,2% de los votantes habría optado por ella en la primera vuelta y, respecto del total de electores, apenas el 10,2%. Más reducido aún es el caso de Sánchez: 10% de los votantes y 7,18% de los electores.
Pero hay otros factores que complicarán sobremanera a quien gobierne.
Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, ha señalado que el Congreso ha añadido al presupuesto anual gastos fijos por S/36.700 millones, lo que restringe severamente los recursos para inversión. Paradojas de nuestra política: tres de los partidos responsables de ello están hoy en la contienda por la segunda vuelta.
El otro gran problema es la promesa de lograr, en muy corto plazo, un avance significativo y estratégico en la lucha contra el crimen organizado. Se trata de una oferta inviable que, inevitablemente, terminará pasándoles factura.
Este es el contexto de ingobernabilidad futura en el que el JNE tomó una decisión profundamente errada, aunque aún está a tiempo de corregirla.
Cada día aparecen nuevas evidencias sobre la magnitud del daño causado, y nada garantiza que no surjan hechos aún más graves. Más aún cuando “Cuarto poder” ha documentado que el propio Piero Corvetto habría incurrido en corrupción: modificó normas para que las licitaciones no pudiesen ser impugnadas y porque supo por uno de los postores que la distribución de material electoral en Lima había sido fraudulenta.
El JNE puede y debe enmendar su grave error. El argumento de que expertos sustentan su decisión sosteniendo que no había sido relevante el número de los que fueron afectados es discutible, ya que otros expertos citados por El Comercio discrepan: “Están equivocados; el ausentismo también se produce cuando la gente mira cómo está el problema de los locales de votación y no va a votar” (José Tello). “Bastante criticable que el JNE no fiscalizara adecuadamente un día antes de la elección” (Enzo Elguera).
Pero la rectificación no debería hacerse para satisfacer a un candidato difamador, procaz y que denuncia fraudes inexistentes. Ni siquiera por razones de gobernabilidad futura, sino por el estricto cumplimiento de la Constitución.
El artículo 31 establece: “Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil […]. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio […], es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”. Las palabras claves son ‘límite’, ‘nulo’ y ‘punible’.
Si bien las descartadas “elecciones complementarias” no eran técnicamente viables, ello no implica que lo mismo ocurra en Lima Metropolitana, la afectada.
Quizás podría retrasarse la entrega del mando, digamos hasta el domingo 30 de agosto –premonitoriamente, día de Santa Rosa de Lima–. Eso sí, muchísimo mejor sin José María Balcázar haciendo destrozos a diestra y siniestra. ¡Congresistas, háganse una y censúrenlo! Total, a estas alturas poco importa si en estos aciagos 10 años hubo ocho o nueve presidentes.
‘Kétchup’ o ‘kátchup’ –da lo mismo cómo se escriba–: lo cierto es que el resultado está en rojo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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