La Cancillería de México afirmó este miércoles que enviará una queja diplomática a la Embajada de Estados Unidos en el país por la forma en que se hizo pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, ya que, aseguró, no se presentaron “pruebas” por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República. En los documentos no se anexan pruebas”, señaló la autoridad.
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La Cancillería informó que este martes recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que conforme a los tratados vigentes, este tipo de información debe manejarse con carácter confidencial, por lo que la forma en que se hizo pública no se apegaría a esos lineamientos.
“Por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer”, sostuvo.
Precisó que la Fiscalía deberá evaluar si existen elementos para proceder con detenciones provisionales con fines de extradición.
La reacción del Gobierno mexicano ocurre luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. informara de una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas, en un caso que los vincula con el Cártel de Sinaloa y, en particular, con la facción de Los Chapitos.
Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del cartel, facilitando información sensible y permitido el transporte de drogas hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios.
Entre los acusados también se encuentra el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; así como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
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También figuran otros oficiales estatales y mandos de seguridad identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito.
Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones, al señalar que carecen “de veracidad y fundamento”, y acusó de que se trata de un “ataque” a su persona y al movimiento de la Cuarta Transformación (encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum).
Previamente, la Embajada de EE.UU. en México, respaldó la acusación contra los funcionarios y sostuvo que Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga “jurisdicción”, aunque evitó pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas.
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