*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
A inicios de año, en el Hospital III de Essalud de Iquitos, 30 pacientes del Programa Nacional de las ITS-VIH-SIDA se encontraban en situación crítica. No habían recibido ninguna de las medicinas esenciales, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Su vida corría peligro. Hace varios meses que las medicinas no llegan, ni esas ni varias otras. Al mismo tiempo, en febrero de este año, en el Hospital Alberto Sabogal, uno de los más importantes del país, en el Callao, se había terminado el stock de varias medicinas clave de tratamiento contra el cáncer. La Contraloría ha reportado situaciones similares en Piura, Arequipa y otras regiones. Presupuesto hay. Ejércitos de funcionarios, también. Pero la medicina, simplemente, no llega.
A propósito del inicio del año escolar el mes pasado, volvimos también al conocido ritual: los materiales escolares tampoco llegaron a tiempo. A inicios de marzo, la Contraloría estimaba que estaba pendiente la distribución del 62% (661.962) de los kits escolares en 11 regiones del país. Parte de la responsabilidad sería de Produce, que tardó más de un año en comprar los cuadernos para escolares. Y, para completar el cuadro, resulta que ahora tampoco somos capaces de seguir financiando las becas Generación del Bicentenario sin explicar realmente por qué.
Eso es salud y educación, y podríamos seguir. Pero aún con estas fallas cotidianas y tristemente normales a lo largo del aparato estatal, el fiasco de la ONPE en las elecciones del 12 de abril es notable. Se trata de una entidad que, entre este y el año pasado, tuvo más de S/2.000 millones de presupuesto, en buena cuenta para que nada saliera mal en ese día específico. Ese monto es lo que gasta el Programa Juntos en dos años. Y salió mal.
El nivel de negligencia fue pasmoso. Contratistas previamente sancionados que nunca llegaron a repartir el material, o lo dejaron en el lugar equivocado. Capacidad nula en identificar el problema en los centros de votación el día anterior o esa misma mañana para reaccionar a tiempo. Equipos informáticos –desde impresoras hasta software– que no funcionaban el único día en que debían funcionar. Votos movilizados en vehículos maltrechos y abandonados en la vía pública. Mentiras para cubrir todo lo anterior. Si la elección la hubiera llevado a cabo una pequeña municipalidad con pocos recursos y experiencia, se entiende. Pero en una institución nacional que había organizado antes con éxito comicios nacionales y subnacionales, estos errores de principiante son, cuanto menos, sorprendentes.
Las investigaciones van a seguir. Eso está bien porque se especula desde simple incompetencia hasta corrupción o direccionamiento político. Sin embargo, en cierto sentido, lo que sucedió no es muy diferente del progresivo descalabro que ya vive buena parte del aparato público. Ahora llama la atención porque es la ONPE y porque las consecuencias tienen eco a nivel nacional, pero las historias de malos proveedores, de material que no llega, de equipos que no funcionan y de información perdida misteriosamente se repiten igualitas en cualquier hospital, comisaría o gobierno regional. A veces sin mala intención, a veces con dolo.
Para quienes creen en una conspiración política más grande detrás de los resultados electorales este paralelo resultará insuficiente. No obstante, a falta de pruebas y pendientes más investigaciones, lo más probable hasta el momento es que la ONPE haya sufrido de los mismos males que aquejan al resto de instituciones públicas. Solo que cuando el escándalo es de elecciones nacionales, y no de un hospital en Loreto, todo se hace más ruidoso. El sustrato, sin embargo, es el mismo.
La respuesta a la inoperancia o corrupción no puede pasar por más sistemas de control. Hable usted con cualquier funcionario público responsable de tomar decisiones difíciles y le contará de la carga administrativa que ya enfrenta –repleta de sellos, permisos, autorizaciones, etc.–, y del miedo que tiene a ser sancionado por cualquier aparente omisión, a veces en extremo arbitraria. Subir las penas tampoco soluciona nada.
Lo más importante para tener instituciones que funcionen son las personas que las conforman. De ahí que la clave sea atraer el mejor personal, capacitarlo y motivarlo. En el caso del Banco Central de Reserva (BCR), por ejemplo, desde hace más de medio siglo se selecciona a los economistas a través de rigurosos filtros para jóvenes que estén terminando su carrera o recién egresados. A través de diferentes modalidades, son cerca de 800 postulantes por año de todo el país (y que ya son del tercio superior). De esos, unos pocos entran a los cursos de verano y de ahí se selecciona a los mejores, en promedio alrededor de 14, para extenderles una oferta de trabajo. Una vez adentro, solo los más capaces y comprometidos entre ellos irán ganando más responsabilidad y ascendiendo. Esa es la base de la pirámide. El esquema meritocrático es parte del ADN.
No todas las instituciones públicas tienen autonomía constitucional como el BCR ni serán capaces de atraer el mismo talento, pero la ruta debería ser evidente. El sector público debería ser un lugar atractivo para trabajar, y cada institución debe aspirar a la excelencia. Pero la trayectoria que llevamos es la opuesta. Anecdóticamente, diversos profesores principales de economía de algunas de las universidades más relevantes del país coinciden en que, en los últimos años, el número de jóvenes talentosos interesados en seguir un posgrado en el extranjero de políticas públicas se ha desplomado respecto de cinco o diez años atrás. Además, “todos mis exalumnos que estaban en el sector público se han ido”, me dice uno, “se ha visto una descapitalización [de talento] brutal”. Esto no significa que no haya trabajadores capaces, competentes y honestos en el sector público. Hay decenas de miles. Pero ese debería ser el estándar.
Esto es en el campo de la política pública y Economía, pero posiblemente no es muy distinto en otros espacios como Derecho (¿para cuántos futuros abogados entre los más talentosos son hoy atractivos, por ejemplo, el Ministerio Público o el Poder Judicial?), Ingeniería, entre otros.
Una manera de empezar a cambiar es estandarizando la entrada a la burocracia estatal para jóvenes (con examen único, por ejemplo) y, luego, el diseño de carreras burocráticas profesionales, predecibles y meritocráticas. Se podría pensar en un espacio similar a la Academia Diplomática, pero de mucha mayor escala y ambición. Esto no va a corregir todo, pero sería un paso en la dirección correcta.
No se puede aspirar a un país desarrollado con un Estado que –por corrupción, incompetencia, cálculo, o lo que fuese– no puede ni trasladar medicinas, ni libros, y ya ni votos.
Deja una respuesta