La próxima vez que disfrute de una fruta fresca o una ensalada en su mesa, deténgase un segundo a pensar en quién la hizo posible: una de cada dos veces, fue una mujer. En efecto, el informe de la FAO sobre “La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios” de 2025 muestra que, en el Perú, las mujeres representan cerca del 50% de la fuerza laboral en sectores clave como la horticultura y la fruticultura. En los últimos años, a diferencia de otras regiones del mundo donde la participación femenina en el agro retrocede, en América Latina y en el Perú está ganando terreno.
En el mismo informe, el dato más revelador tiene que ver con nuestra juventud: entre los jóvenes peruanos de 15 a 24 años, la participación femenina en el sector agroalimentario llega a ser mayor que la masculina. Ellas desempeñan un rol invaluable a lo largo de toda la cadena: desde la preservación de semillas, la siembra y la cosecha, hasta la transformación y la comercialización de productos, la preparación de alimentos en restaurantes y hogares, y la prevención del desperdicio de alimentos.
Sin embargo, este ímpetu se enfrenta a barreras estructurales que frenan su potencial y marginan a las mujeres, afectando su productividad. Según datos de la FAO de 2023, a nivel global, la productividad de las tierras administradas por mujeres es un 24% menor a la de los hombres. Las agricultoras se ven más afectadas por los problemas que enfrenta el agro, como la informalidad en la tenencia de la tierra: según una estimación de la CEPAL, en el Perú, solo el 30% del total de propietarios de tierras agrícolas son mujeres, una brecha que se ha mantenido prácticamente inalterada durante más de una década.
Asimismo, las agricultoras enfrentan mayores barreras de acceso a recursos naturales y financieros, y son más vulnerables frente a la degradación de ecosistemas y a los efectos del cambio climático. Sumado a lo anterior, ellas enfrentan desafíos adicionales en materia de trabajo doméstico y de cuidado: en el Perú, las mujeres dedican casi tres veces más tiempo que los hombres a esas tareas, lo que les quita horas vitales para el trabajo productivo, la capacitación técnica y la gestión comercial.
Estas desigualdades se traducen inevitablemente en una oportunidad perdida para el país, desaprovechando el talento de quienes ya sostienen los sistemas agroalimentarios. Invertir en este cierre de brechas no es solo una cuestión de justicia social, sino, probablemente, la estrategia más rentable que el país tiene a su alcance para generar un triple dividendo a nivel económico, social y ambiental.
En el plano económico, la FAO estima que cerrar las brechas de productividad y de ingresos entre mujeres y hombres en los sistemas agroalimentarios tiene el potencial de aportar hasta un billón de dólares al PIB global. Esto evidencia que se trata de una estrategia que no solo contribuye al alivio de la pobreza y la desigualdad, sino que también permite aumentar la productividad sin necesidad de expandir la frontera agrícola.
A esto se suma un segundo dividendo, de carácter social. La evidencia muestra que, cuando las mujeres cuentan con mayor autonomía económica, tienden a destinar una mayor proporción de sus ingresos a la alimentación, la salud y la educación del hogar. Esto se traduce en mejoras directas en la nutrición y el bienestar infantil. En consecuencia, el potencial de generar un impacto social es significativo: la FAO estima que este efecto podría contribuir a reducir la inseguridad alimentaria de hasta 45 millones de personas a nivel mundial.
Finalmente, este enfoque también genera un dividendo ambiental tangible. El empoderamiento de las mujeres en la gestión de recursos naturales impulsa la diversificación productiva, la adopción de prácticas sostenibles y el uso de conocimientos tradicionales, fortaleciendo la resiliencia de los sistemas agroalimentarios frente a la degradación de ecosistemas y al cambio climático. Esto resulta especialmente crítico considerando que un aumento de 1 °C en la temperatura media puede reducir en un 34% los ingresos de los hogares encabezados por mujeres, lo que evidencia que cerrar estas brechas no solo es una cuestión de equidad, sino una condición para sostener sistemas productivos resilientes.
Este 2026, designado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultora, nos invita a reconocer —y actuar sobre— el papel clave de las mujeres en el desarrollo sostenible de los sistemas agroalimentarios. Desde la FAO lideramos este esfuerzo con el firme propósito de que las políticas e inversiones públicas y privadas no solo garanticen las mismas oportunidades, sino que vayan la milla extra, reconociendo que las mujeres enfrentan retos adicionales que necesitan soluciones distintas.
Esto implica aumentar la capacidad productiva y la productividad con sostenibilidad; fortalecer la seguridad en la tenencia de la tierra; dar acceso a crédito y aseguramiento; garantizar un acceso equitativo a espacios de gobernanza, y reducir la carga de cuidados no remunerados.
El desafío es ambicioso y exige una acción articulada entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los organismos internacionales para avanzar, con urgencia, en la construcción de un futuro sostenible y sin hambre.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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