El criterio para decidir el voto en la elección del próximo presidente del Perú, este 12 de abril, debe centrarse en determinar si el candidato representa una alternativa que garantice la vigencia de la democracia y de una economía social de mercado, basada en la libre competencia y orientada al crecimiento económico del país. No se trata de simpatías personales ni de discursos efectistas, sino de evaluar con responsabilidad quién ofrece estabilidad institucional y respeto por el orden constitucional. En ese marco, ni Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú, ni Ricardo Belmont, del partido Cívico Obras, cumplen con estas condiciones mínimas.
En el caso de Sánchez, su candidatura representa la continuidad de prácticas políticas que ya han demostrado su precariedad. Su cercanía ideológica con Perú Libre no es un detalle menor, sino una señal de advertencia. Como se desprende de su plan de gobierno, respalda una reforma total de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente, bajo el argumento de que los problemas estructurales del país se originan en la Carta Magna de 1993. Esta narrativa comunista, repetida hasta el cansancio en distintos contextos de América Latina, ha servido más como pretexto para concentrar poder que como solución real a las demandas ciudadanas.
Más aún, su propuesta económica carece de claridad y sostenibilidad. Propone un impuesto a la riqueza sin una estrategia integral de mejora en la recaudación fiscal. A ello se suma la intención de expandir el aparato estatal mediante la creación de nuevas entidades, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sin explicar cómo se evitará que dichas instituciones se conviertan en espacios de clientelismo político o ineficiencia administrativa.
Tampoco puede pasarse por alto la composición de su entorno político. La inclusión de figuras investigadas por presuntos actos de corrupción en su lista parlamentaria no solo debilita su discurso, sino que contradice cualquier pretensión de renovación ética en la función pública.
Por su parte, Ricardo Belmont se presenta como una alternativa distinta, pero su trayectoria evidencia lo contrario. Lejos de ser un outsider, ha transitado por diversas agrupaciones políticas, muchas de ellas con propuestas inconsistentes o inviables. Esta constante movilidad partidaria no refleja apertura, sino falta de definición ideológica y de compromiso con un proyecto serio de país.
Su plan de gobierno confirma estas dudas. En apenas 27 páginas, no logra articular un diagnóstico sólido ni proponer soluciones estructuradas a los principales problemas nacionales. La ausencia de rigor técnico no es un detalle menor: gobernar un país no es un ejercicio de improvisación, sino una tarea que exige preparación, claridad y responsabilidad.
Además, su fórmula presidencial incorpora figuras con antecedentes cuestionables. Este aspecto resulta particularmente relevante si se considera la fragilidad política que ha caracterizado al país en los últimos años. En un contexto donde la vacancia presidencial ha dejado de ser una hipótesis remota, la idoneidad de quienes podrían asumir el poder no puede ser ignorada.
Más preocupante aún es el punto de convergencia entre ambas candidaturas: su disposición a favorecer un eventual indulto a Pedro Castillo. Esta coincidencia no solo revela una afinidad política, sino también una preocupante relativización de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando se intentó quebrar el orden constitucional. Normalizar ese episodio o minimizar su gravedad constituye un riesgo directo para la democracia.
En este escenario, el elector no puede darse el lujo de elegir guiado por el desencanto. La historia reciente ha demostrado que votar “contra todo” suele terminar siendo, en la práctica, votar contra uno mismo. El país no necesita más experimentos ni apuestas al vacío, sino liderazgo responsable y compromiso con la institucionalidad.
Y si aun así alguien duda, convendría plantearlo en términos simples: entre propuestas que buscan reescribir las reglas de juego para concentrar poder, como lo planteado por Juntos por el Perú; y otras que ni siquiera logran explicar cuáles son esas reglas, como el partido de Ricardo Belmont, la elección no es compleja, sino preocupante. Apostar por cualquiera de estas opciones es, en el mejor de los casos, un acto de ingenuidad política; en el peor, una invitación abierta a repetir los errores que tanto han costado al país.
Porque si algo ha quedado claro en los últimos años, es que el Perú no se cae de un día para otro: se deteriora lentamente cada vez que se elige mal. Y, a estas alturas, insistir en tropezar con la misma piedra ya no es mala suerte, sino una decisión consciente de seguir equivocándonos como país.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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