Cada cierto tiempo aparece en América Latina una propuesta de control fronterizo más severo y se produce la misma reacción: indignación inmediata en ciertos sectores políticos, especialmente en la izquierda. Ha ocurrido nuevamente con la propuesta en ejecución del Presidente de Chile José Antonio Kast de construir un muro en parte de la frontera entre Chile y Perú. Para muchos analistas y líderes políticos, la idea es presentada casi como una aberración moral e incluso dicha medida es calificada como un acto xenófobo. Sin embargo, el debate merece algo más que consignas indignadas.
Se debe partir de una premisa simple: los Estados existen, entre otras razones, para ejercer control sobre su territorio. Eso incluye decidir quién entra, cómo entra y bajo qué condiciones. No se trata de xenofobia ni de nacionalismo extremo; se trata de una función básica de cualquier Estado moderno. Un país que no puede controlar sus fronteras tampoco puede garantizar la seguridad jurídica, la gestión migratoria ni la protección de sus propios ciudadanos.
La frontera entre Perú y Chile, particularmente en la zona de Tacna y Arica, es una extensa área desértica donde el control estatal siempre ha sido limitado. Aunque existen pasos oficiales y controles migratorios, también hay numerosos cruces informales utilizados para el tráfico de personas, contrabando y migración irregular. Este fenómeno no es exclusivo de la relación peruano-chilena; ocurre en prácticamente todas las fronteras del mundo donde el territorio es amplio y difícil de vigilar.
Ante esa realidad, la pregunta razonable no es si la migración debe existir —porque siempre existirá— sino cómo se gestiona. Y aquí aparece el punto que muchas veces se omite en el debate: una política migratoria ordenada requiere que el ingreso al país se produzca a través de vías formales. Esto permite registrar a las personas que entran, verificar su identidad, conocer sus antecedentes y aplicar las normas migratorias correspondientes. Cuando las fronteras quedan abiertas de facto, ese sistema simplemente deja de funcionar.
Por ello, las barreras físicas —sean cercos, muros o infraestructuras de control— no deben interpretarse necesariamente como un símbolo de rechazo al extranjero. En muchos casos, son simplemente herramientas de gestión territorial. Su objetivo principal es canalizar el tránsito hacia los puntos oficiales de ingreso, donde existen autoridades migratorias, controles sanitarios y procedimientos legales.
Quienes se oponen a estas medidas suelen argumentar que los muros no detienen la migración. Y tienen razón en un punto: ningún muro elimina completamente los movimientos humanos. Pero ese no es el estándar realista. El objetivo de una infraestructura fronteriza es elevar el costo y la dificultad del cruce irregular, reduciendo los flujos clandestinos y debilitando las redes que lucran con el tráfico de personas. Desde esa perspectiva, una barrera física no es una solución mágica, pero sí puede ser una pieza dentro de una política más amplia de control fronterizo.
Desde el punto de vista peruano, además, existe otro elemento que suele olvidarse. El desorden migratorio también perjudica a los países de origen y tránsito. Cuando los flujos se producen de manera irregular, las personas quedan expuestas a redes criminales, a explotación laboral y a condiciones de vulnerabilidad extrema. Un sistema migratorio basado en pasos oficiales, documentación y procedimientos claros ofrece mayores garantías que una frontera atravesada clandestinamente en medio del desierto.
Esto nos lleva a una cuestión más profunda: el derecho de los países a decidir su política migratoria. En el debate contemporáneo parece haberse instalado la idea de que cualquier intento de controlar el ingreso de personas es moralmente sospechoso. Pero esa postura ignora una realidad básica del sistema internacional: la soberanía estatal incluye la capacidad de regular la entrada y permanencia de extranjeros.
Decir que un país no debe dejar entrar a cualquiera no equivale a negar la dignidad de los migrantes. Significa simplemente afirmar que la migración debe producirse bajo reglas claras. Los Estados tienen la obligación de proteger derechos humanos, pero también tienen la responsabilidad de garantizar orden institucional, seguridad y previsibilidad jurídica. Ambas cosas no son incompatibles.
Por supuesto, una política migratoria responsable no puede limitarse a levantar muros. Debe incluir cooperación entre países, procedimientos de regularización, políticas de integración y mecanismos humanitarios para quienes realmente lo necesiten. Sin embargo, ninguna de esas medidas funciona si el Estado pierde la capacidad de controlar su frontera.
Tal vez el verdadero problema del debate latinoamericano es que se ha vuelto demasiado simbólico. El muro se convierte en un emblema ideológico: para algunos representa autoritarismo; para otros, defensa nacional. Pero en la práctica, la cuestión es mucho más prosaica. Se trata de cómo administrar un territorio, cómo ordenar los flujos migratorios y cómo evitar que el vacío de autoridad sea aprovechado por organizaciones criminales.
En lugar de reaccionar con escándalo automático, sería más productivo discutir qué tipo de política migratoria necesitan realmente nuestros países. Si la conclusión es que se requieren más controles fronterizos, entonces el debate debería centrarse en cómo implementarlos de manera eficaz y compatible con los derechos humanos de los migrantes.
Porque, al final del día, la pregunta no es si las fronteras deben existir. Las fronteras existen. La pregunta es si los Estados van a ejercer control sobre ellas o si van a resignarse a que simplemente dejen de tener significado práctico.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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