Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori siguen siendo, a seis semanas de la primera vuelta, las candidaturas de derecha que se adelantan a su parentela ideológica y al resto de postulantes. Es posible que sean sobrepasados más adelante por alguno de sus primos –Carlos Álvarez, José Williams o Carlos Espá–; mas, por ahora, su preponderancia invita a identificar mejor las diferencias entre ambos. Una de las principales es que Porky es un candidato disruptivo, y Keiko, no. Él tiende a representar el descontento y la premura para resolver los problemas; ella, la necesidad de estabilidad para progresar. Esta lectura procede de sus planes de gobierno, un registro objetivo de lo que se proponen.
El mensaje principal de Fuerza Popular es que el país necesita orden, tanto en materia de seguridad ciudadana como en lo económico y jurídico. Sobre la base del orden, trabajará en las inversiones y el crecimiento. El plan considera un fortalecimiento mayúsculo de la policía con reformas del Ministerio Público y del Poder Judicial, entre otras, para lograr, en el 2031, reducir en 20% la tasa nacional de homicidios (de 9,5 por cada 1.000 habitantes) y del 90% al 50% la impunidad en el procesamiento de los delitos. El programa plantea una agresiva política de transparencia para combatir la corrupción, impidiendo contratar con el Estado a empresas sancionadas por malas prácticas.
El gobierno de Keiko destrabaría la minería. Marco Vinelli, coordinador del plan, anunció la activación de proyectos por US$64.000 millones. Habría un poderoso apoyo crediticio para las pequeñas y medianas empresas y un ‘shock’ desregulatorio a todo nivel. Otra apuesta serían las asociaciones público-privadas. El tiempo para aprobar proyectos de inversión se reduciría en un 40%. Ofrecen 500.000 nuevos empleos anuales y un crecimiento del 6% en el último año de gobierno con solo un 1% de déficit fiscal. Los ingresos generados, más una ampliación de la base tributaria, financiarían un enorme gasto en salud, educación, obras públicas y asistencialismo. Habría reformas en casi todos los sectores, pero no medidas traumáticas. El orden, más un fuerte impulso capitalista, traería prosperidad.
Por su parte, López Aliaga ha dividido su plan de gobierno en 200 medidas, entre las que destacan las que enfrentarían el crimen y la corrupción. Habría una profunda reforma del sistema judicial, siguiendo el modelo meritocrático del BCR. El 28 de julio del 2026 se anunciaría el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que permitiría –dice– aprobar la pena de muerte para violadores de niños, funcionarios corruptos y extorsionadores. Jueces militares sin rostro sancionarían crímenes graves, y los delincuentes peligrosos cumplirían cadena perpetua en cárceles levantadas en la selva virgen. Mil millones de dólares invertidos en inteligencia policial permitirían espiar a los delincuentes dondequiera que se hallen, mientras equipos de extracción norteamericanos se llevarían a los más temibles a cárceles extranjeras. Los bienes de Odebrecht serían incautados. La tecnología al servicio de la anticorrupción permitiría sorprender a funcionarios públicos coimeros con las manos en la plata.
Porky hace ofertas por doquier en todos los sectores, que serían financiadas con inversiones por encima de los 40.000 millones de dólares, con disciplina fiscal y un crecimiento del 7% u 8%. Caminos, vías férreas, puentes, colegios, hospitales, pensiones, subsidios y créditos son mencionados de un modo difícil de resumir en unas pocas líneas, pero lo que destaca es la necesidad de hacer las cosas rápidamente, sin las trabas habituales, peleando contra un Estado ausente y corrupto. Renovación Popular entregaría Petro-Perú a sus trabajadores, retornaría a un Congreso unicameral –rebajando el sueldo de los congresistas– y reduciría de 18 a seis el número de ministerios. Algunos de ellos tendrían su sede en las provincias.
Por supuesto que todo esto, cuya pertinencia cabe discutir, puede quedarse en el papel. Pero, más allá de las propuestas, ¿qué candidato va a conectar mejor con la indignación que suscitan el pésimo funcionamiento de los servicios públicos, el descalabro institucional y la corrupción? En esto, el populista Porky aventaja a Keiko, embistiendo contra lo establecido.
Incluso tiene un discurso hostil hacia los grupos económicos dominantes, dirigiendo sus baterías principalmente contra los del sector bancario, alimentario y farmacéutico. En el caso de los peajes –aunque probablemente perderá los litigios, con perjuicio para la Municipalidad de Lima– demostró que puede pelearse contra consorcios internacionales que atentarían contra el derecho de tránsito de los ciudadanos. Además, asegura, sin razón, que existe una concentración de medios que lo excluye de sus plataformas. Su audiencia son los pobres, a quienes se dirige con más fervor que los izquierdistas, alentado por el amor que le insuflaría su cristianismo.
El resto de postulaciones de derecha, que igualmente plantean cerrar las brechas sociales a través de una cuantiosa inversión privada, no son tan radicales como la de Porky (aunque Sí Creo reduciría un tercio de los ministerios). En su plan de gobierno, Carlos Álvarez no ha planteado ninguna receta de Bukele. Si uno camina hasta la otra orilla para examinar las propuestas del izquierdista Alfonso López Chau, tampoco encontrará medidas que suenen más fuerte que las del exalcalde de Lima. El programa de Ahora Nación no se plantea ninguna reforma constitucional. Las metas que se propone son ambiciosas en cada sector, pero, como ha sido señalado por diversos analistas, no está claro de dónde saldría el dinero. El exrector de la UNI concibe al mercado como motor del crecimiento, con intervención del Estado para garantizar la equidad.
El reciente crecimiento de López Chau puede explicarse porque, al fin y al cabo, hay un electorado de izquierda que nunca votará por Keiko o Porky, sobre todo en el sur y el centro del país. Sin embargo, en ese sector tiene tres rivales que lo podrían sobrepasar o, por lo menos, restarle posibilidades de pasar a una segunda vuelta. Son las candidaturas de Roberto Sánchez, con Juntos por el Perú; Vladimir Cerrón, con Perú Libre; y Venceremos, con Ronald Atencio, que plantean una refundación del país a través de una asamblea constituyente. Aquí están los votos que llevaron a la segunda vuelta a Pedro Castillo en el 2021. Nadie apostaría a si alguno de este cuarteto crecerá lo suficiente para llegar a esa posición. En ese caso, es seguro que preferiría como rival a Fujimori y no a López Aliaga.
El hecho de que Porky esté mejor posicionado no significa que vencerá finalmente a Keiko. En este momento, entre quienes piensan votar por una u otra candidatura, o pudieran hacerlo, hay una sesuda reflexión para determinar quién es más conveniente. Un aspecto concierne a la viabilidad de algunas de sus propuestas más audaces, en torno a las cuales sus adversarios pueden entablarle un debate feroz. Otro tiene que ver con su persistente actitud confrontacional –a menudo acompañada por insultos–, que a veces puede ser oportuna y otras, contraproducente. López Aliaga plantea reestructurar el Estado con medidas que requieren una mayoría en el Congreso o alianzas que podría no estar dispuesto a construir.
En la última crisis, por ejemplo, dijo que no participó en los tratos para elegir un mejor reemplazante del presidente censurado, José Jerí, porque él no negocia con corruptos. En esa coyuntura, la ética no era lo más importante que estaba en juego. El error fue percibido por la población, perdió dos puntos y vaya uno a saber si llegará a reconocerlo. No estaría mal. Definitivamente, el tema de cómo actuará al frente de un gobierno nacional puede convertirse en una discusión crucial sobre su candidatura.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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