SBS: “En agosto publicaremos un estudio de todo el sistema nacional de pensiones” | AFP | Open Banking

-La SBS ha estado trabajando en la hoja de ruta para el Open Banking, que está próxima a publicarse. ¿Cuándo se revelará?

Es cuestión de días. Ya tenemos una versión final. Estamos en el trabajo de edición, que es básicamente un ámbito de forma, pero este mes se publica.

-Luego de la hoja de ruta, ¿qué viene? ¿Cuánto tomará establecer el ecosistema del Open Finance?

El Open Finance es un concepto dentro del cual hay muchos desarrollos por hacer. El ciudadano va a tomar realmente propiedad de su información y le va a poder dar valor al hecho de que un usuario autorice que se comparta la información entre entidades financieras de manera segura para obtener un mejor producto. Para llevar eso a la práctica hay una serie de desarrollos que se requieren, y lo primero –que de alguna manera ya ha iniciado– es formar mesas de trabajo donde se va a discutir con las empresas privadas cuáles son las mejores opciones para ir avanzando. Hay grupos de datos que se van a identificar, y se van a definir pasos a seguir. […] Calculamos, a grosso modo, que el proceso avanzaría hacia el 2027, pero con aplicaciones parciales en el tiempo.

Sergio Espinosa, superintendente de Banca, Seguros y AFP. En esta entrevista, Espinosa detalla los próximos pasos hacia el modelo de Open Finance.

/ ANTONIO MELGAREJO

-¿Qué se daría primero según la hoja de ruta?

En el primer semestre de este año esperamos tener una primera regulación sobre el primer grupo de datos identificados, para discutirla públicamente con todo el mercado. Hemos tenido ya reuniones bilaterales y conversaciones, sobre todo, con los principales bancos y con algunas cajas, para conocer el nivel de preparación que tienen para esta etapa. Ha habido una encuesta que se ha hecho, muy completa, donde hemos procesado la información para la hoja de ruta.

-¿Y están preparadas las entidades?

La característica principal del sistema financiero peruano es que es muy variado. Tenemos bancos internacionales que operan en el Perú; bancos peruanos, que son muy grandes; cajas municipales, cajas rurales y financieras; y por último, cooperativas y fintech. Hay que asumir, entonces, que no todas las entidades van a poder entrar a este proyecto, porque no todas van a poder cumplir los estándares de seguridad de la información. El usuario debe tener la certeza de que la seguridad de la información está garantizada. Probablemente el tiempo que le tome a las entidades estar listas para entrar a este ecosistema variará en función a la capacidad de inversión [en seguridad] que tengan.

-Se empezaría por los bancos, y luego: ¿qué entidades están más cercanas a ingresar a este ecosistema?

La idea es empezar por los bancos más grandes, pero dejando siempre abierta la puerta para que aquellos que voluntariamente quieran ser parte del primer piloto puedan hacerlo. Esto, sin ser necesariamente bancos grandes o de menor escala. De hecho, hay una caja municipal que ha anticipado que quiere ser parte del primer momento de este proyecto. Pero hay que verificar que los mecanismos de seguridad de la información se garanticen, porque la información va a viajar, y, por lo tanto, tiene que estar asegurada en beneficio del usuario.

Para ser parte de este ecosistema hay que pasar determinados controles de seguridad. Hay entidades que son muy pequeñas y otras a las que, por el público objetivo al que se dirigen –cooperativas que son cerradas, por ejemplo–, no les va a interesar demasiado ingresar [al Open Finance], considerando la inversión que tendrían que hacer para formar parte de este ecosistema. Eso es lo que ha ocurrido en otros países como Brasil o Chile.

-¿El modelo que vamos a aplicar nosotros está basado en la experiencia regional o estamos tomando como referente principal a India?

La ventaja de empezar después, como nos ocurre a nosotros, es que podemos recorrer los caminos que otros ya han seguido. Gracias a la asesoría del Banco Mundial y por nuestra relación con los supervisores de otros países, hemos tenido mucha comunicación con Colombia, Chile y Brasil, que son los principales referentes regionales, pero también con casos como India o Reino Unido, que tuvieron otra visión y otra forma de encarar el reto. Tenemos, por ello, la ventaja de saber qué cosas no hacer. Una recomendación, por ejemplo, es empezar con grupos de datos y casos de uso acotados. En el caso brasileño empezaron con muchos casos a la vez y eso absorbió muchas inversiones que no fueron necesariamente útiles. Es mejor concentrarse en aquello en lo que hay consenso de que se puede avanzar rápidamente.

-Con todo esto, ¿qué expectativas tienen este 2026 para los avances con la hoja de ruta?

Es un proyecto prioritario, además, para un mercado como el peruano, por las características que tiene. Tenemos un 30% de ciudadanos adultos que no tienen ningún tipo de producto financiero en términos de ahorro o billetera; y entre los que sí están en el sistema, solo 34% o 35% tiene un producto de crédito. Tenemos una brecha enorme. Este es un proyecto que apunta a cubrir esa brecha y por lo tanto se le va a dar la máxima prioridad, tanto desde el punto de vista de las horas hombre invertidas como desde la inversión que la superintendencia va a ejecutar.

-En una entrevista anterior nos comentó que se haría una nueva revisión del sistema nacional de pensiones. ¿Se avanzó con el grupo de trabajo que estaban estableciendo en la SBS para abordar el tema?

El análisis del sistema previsional es sumamente interesante porque hemos visto que después de un intento de reforma, que se hizo hace algunos meses, llegó una “re-reforma”, que se dio el año pasado [con la aprobación del retiro de AFP], donde se derogaron algunos temas centrales. […] La semana pasada nos llegó una carta de la OCDE con las observaciones que tienen del sistema peruano de pensiones en su conjunto; no solamente por el retroceso que ha significado esa última ley, sino por los mismos vacíos que la reforma ya tenía. Uno de los temas que les llama la atención, por ejemplo, es que el Perú no tiene un sistema de pensiones con pilares complementarios, sino que tiene dos sistemas de pensiones que compiten entre sí: el nacional y el privado. Hay un avance en cuanto a la pensión mínima, que es muy importante, y también abrir el mercado a mayor competencia. Pero siguen siendo dos sistemas [que compiten], y desde el punto vista de la OCDE eso no tiene mucho sentido.

En ese contexto es que llegamos a la conclusión de que necesitábamos hacer una revisión bastante más exhaustiva del estado de situación del sistema de pensiones en el Perú, incluyendo los regímenes especiales como los de la caja militar y policial o el diplomático. […] Este estudio no trata de plantear una nueva reforma, sino pensar más allá sobre qué podemos proponer, analizar, y costear, también, para ver qué opciones se pueden acomodar a un país como el nuestro.

-¿Cuánto tiempo va a durar este estudio?

Es un trabajo que esperamos terminar hacia agosto de este año, que va a tener cuatro etapas. La primera etapa, de hecho, está casi lista, pero la idea es publicar todo junto como un estudio que incluye un diagnóstico, que se está concluyendo en este momento, y de ahí vendrán las alternativas y los costos, porque no se trata de proponer un informe si no hay forma de pagarlo.

-¿La idea es que esto se convierta en un nuevo proyecto de ley?

La idea es que se convierta en un insumo que sea discutido por el gobierno entrante y que se analice. Tendrá sus propios planteamientos e ideas, pero queremos que sirva como insumo, con sustento técnico, y con data de otros países del mundo, considerando las particularidades que tiene el mercado peruano.

-¿El diagnóstico cuándo estaría listo?

En marzo. No podemos publicar las propuestas si no se tiene también el costo estimado. Tenemos que debatir qué queremos como sistema de protección para los adultos mayores en el Perú.

-El Perú busca, ya hace tiempo, ingresar a la OCDE. ¿Para la OCDE un requisito es que se modifiquen más aspectos de nuestro sistema nacional de pensiones?

Yo creo que sí. Cuando se discutió la reforma aprobada en el Comité de Mercado Financiero de la OCDE en setiembre del año pasado, ya había reparos. Además de la ausencia de pilares, otro tema que observaron es que la reforma contenía el aporte obligatorio de los independientes con un mecanismo progresivo que llegaba hasta el 5%. Para la OCDE, con el 5% no se financia nada. La respuesta del gobierno peruano fue que una vez la gente entendiera que era beneficioso, se podría subir la tasa [de aporte]. Pero a las dos semanas de esa conversación, se desarmó todo.

Con este estudio tenemos que hacer un ejercicio extremo de imaginación, contemplar todas las posibilidades, establecer condiciones para que haya más competencia y más actores en el mercado, de manera que sea un sistema más barato de administrar, y que eso atraiga a nuevos competidores que generen, también, una mayor sensación de pertenencia de la gente.

-¿Pensar en un mecanismo de ahorro para los independientes en el sistema de pensiones nacional no es una batalla perdida, considerando lo ocurrido el año pasado?

Yo no creo que haya batallas perdidas. Hay batallas mucho más difíciles que otras. Creo que hay que alinear incentivos y complementar, y esas son precisamente las ideas que se van a discutir.

-Para usted, ¿qué alternativas podrían ser las más óptimas para que los independientes estén dispuestos a aportar?

Todavía no hemos llegado a la etapa de revisar alternativas. Estamos recién en la etapa de diagnóstico. […] Pienso que hay que incentivar mecanismos de ahorro voluntario. Hay maneras y hay otras experiencias en otros países. En algún momento se propuso, por ejemplo, que haya una parte de la cuenta sobre la que sí se puedan hacer retiros ante determinadas emergencias. Sí hay algo que creo que no ha funcionado es el dogmatismo: decir que esto tiene que ser obligatorio ‘tanto’ por ciento.

-¿Qué va a cambiar este año en la regulación de inversiones del sistema privado de pensiones?

Una de las virtudes que tiene la ley de reforma es abrir las condiciones para la competencia de administración en el mercado. Hoy en día tenemos cuatro AFP que administran los fondos y hay muy poca movilidad, muy poca competencia, incluso entre ellas cuatro. Ese es el estado actual. La ley dice que pueden entrar bancos, financieras, cajas y compañías de seguros al mercado de administración de fondos, y nosotros hemos sacado una norma bastante flexible y ágil con los requisitos para ingresar. Incluso nos hemos fijado un plazo muy retador para aprobar solicitudes. Sin embargo, no ha habido ni una sola solicitud hasta ahora.

-¿Ni de empresas locales?

Ninguna. Yo diría que la principal razón fue el octavo retiro, porque nosotros teníamos expresiones de interés de algunos grupos locales.

-Usted nos comentó en noviembre que en el extranjero había una expresión de interés.

Correcto. Pero cuando se ha dado el octavo retiro –y no sabemos si en el curso de la campaña se vienen más–, hubo desánimo. Eso no genera estabilidad para invertir en el sector.

-En este momento el Perú no es un mercado atractivo para las entidades financieras.

Es un mercado incierto. Para equilibrar la balanza, queremos aligerar la carga regulatoria que existe. Por esa incertidumbre que existe, es muy difícil que haya una solicitud de acá, por lo menos, hasta que se configure el panorama del Congreso entrante. Pero lo que queremos hacer es darle más lógica, más racionalidad y un enfoque basado en riesgos a la regulación de las administradoras de fondos de pensiones.

-¿Qué cambiará?

Tenemos hoy día en la SBS un área que supervisa a administradores de fondos de pensiones y tenemos otra área que supervisa seguros. Las empresas de seguros están obligadas por ley a constituir reservas, invirtiendo en papeles muy similares a los que toman también las AFP. Sin embargo, tenemos dos cuerpos regulatorios distintos, con requisitos distintos de integración, del comité de inversiones y certificación, etc.

-¿Se quiere hacer uno solo?

Queremos hacerlos mucho más cercanos y, por lo tanto, que sean más fáciles de administrar y supervisar también, porque eso implica un costo de gestión y de supervisión para nosotros. Tenemos un proyecto ya en marcha con un asesor contratado específicamente para eso. Vamos a compensar, por un lado, la incertidumbre que da la posibilidad de más retiros, aligerando los costos para la entrada de nuevos competidores.

-¿Han conversado con alguna entidad sobre las modificaciones que podrían atraer a más actores al mercado?

Sí. Hay varios temas ahí. Uno de ellos es la regulación de inversiones. En la actualidad, y aplicando un enfoque basado en riesgos, que la propia carta de la OCDE también menciona, eso tendría que hacerse con un ritmo menos acelerado, con espacio, para que haya mayor capacidad de gestión de las propias administradoras, y que además se puedan diferenciar por esa gestión. Otra parte es la centralización de algunos procesos. En el caso del sistema privado de pensiones existe AFPnet, una plataforma creada por la asociación de AFP, donde se centralizan algunos procesos como la afiliación y la aportación. Pero si ahora una compañía de seguros quisiera empezar a administrar fondos de pensiones, tendría que tocarle la puerta a la asociación y pagar [para usar el sistema de AFPnet]. Ese cobro es lógico por la inversión que ha hecho ese sector, pero no debe convertirse en una barrera de entrada al mercado. Ha habido opiniones que dicen que en tanto no se garantice una centralización mucho más eficiente, no hay interés [por ingresar al mercado]. Estamos evaluando incluso la posibilidad de hacer una centralización en casa.

-¿Cuándo tendrán los resultados de esa evaluación?

En marzo vamos a tener el diagnóstico de cuánto costaría, de qué tanto tiempo nos tomaría hacerlo en casa. Lo que se está evaluando es si podemos hacer la centralización de procesos aquí en la SBS, sabiendo cuánto nos costaría y en cuánto tiempo lo podríamos hacer.

Patrimonio negativo lleva a la SBS a intervenir a cooperativa de Marcona. (Foto: Andina)

-Con recursos de la SBS, además.

Correcto. Recursos propios. Igual podemos conseguir la participación de algún cooperante internacional, que en algún caso lo hemos hecho. Para el Open Banking tenemos al Banco Mundial apoyándonos. Ese es siempre un recurso.

-¿Y la regulación de inversiones para cuándo se tendría lista?

La idea es que en abril tengamos ya una primera visión de cómo se puede cortar [la regulación]. Esa primera visión no es todavía la norma escrita. Es el texto de lo que hay que hacer, y eso después hay que convertirlo en un proyecto de norma para prepublicar. Si eso está listo en abril, yo diría que en mayo deberíamos estar prepublicando alguna alguna norma en esa línea.

-Hace poco supimos del proceso de solicitud de licencia bancaria completa de Revolut. ¿De qué dependen los plazos en este caso?

Algunos de los requisitos son propios de la SBS y otros de la entidad. Tenemos a la fecha seis solicitudes de licencia: una de estas es Revolut; el otro banco es BTG Pactual; están Prex, Bipay y Kori -un grupo vinculado a una cooperativa que quiere hacer una empresa de créditos grupales a mujeres-; y dos [solicitudes] de empresas de seguros, que están en la etapa de organización. Lo primero que se evalúa es el modelo de negocio, la idoneidad de las personas y el cumplimiento legal. Con eso se emite la autorización de organización, que ya lo tienen BiPay, BTG Pactual y Prex. Las dos empresas de seguros (una entra para caución y fianza y otra para salud y vida) también tienen organización ya aprobada. Revolut todavía no ha llegado a ese punto y tiene algunas complejidades.

-¿Por qué?

Cuando han planteado el estudio de factibilidad, que es uno de los requisitos, hemos hecho algunos comentarios, porque el Perú tiene toda una legislación sobre qué puedes cobrar y que no puedes cobrar a nivel de comisiones. No puedes cobrar comisiones que no estén contempladas en la ley. Si el estudio de factibilidad dice que se quiere cobrar, por ejemplo, una membresía por ser miembro del banco, eso no procede. Entonces, tienen que pensar el negocio en función al marco legal peruano.

-Es decir, su modelo de suscripción no podrá funcionar aquí.

Correcto, porque no está permitido. Entonces, tienen que encontrar otras formas para que aún así el negocio les sea válido.

Por otro lado, tienen el tema del origen. Ellos tienen una autorización todavía preliminar en el Reino Unido para operar como empresa bancaria. De hecho, nosotros estamos haciendo un ajuste porque uno de los procesos a los que más énfasis le hemos dado internamente es el de licenciamiento. Cuando yo asumí como superintendente vi que el proceso de Prex estaba empantanado. Hemos roto algunos nudos y algunos cuellos de botella que había al punto que el caso de BTG Pactual ha sido una licencia que se ha otorgado en tiempo récord a nivel de banco: cinco meses y medio, un tiempo histórico. Igual, cinco meses y medio no es un plazo óptimo y puede mejorar.

Revolut ha aterrizado recientemente en América Latina.

-¿Qué ajuste están realizando? ¿Impactará a todas las licencias en adelante?

Hay un requisito central que está en nuestra normativa y que dice que el solicitante de una licencia tiene que venir con una carta del supervisor de origen, en la que dicho supervisor les dé autorización hacer un banco en el Perú. Hablando con reguladores de otros países, hemos encontrado que a ellos no necesariamente les acomoda eso. Estamos trabajando en modificar esta norma, porque si bien es importante la opinión del regulador de origen, esa opinión la tenemos que solicitar nosotros, no el interesado en hacer un banco. Nosotros debemos pedir una opinión para interpretar y sacar conclusiones. Eso se va a cambiar en los próximos días, y va a permitir que los procesos no se retrasen tanto. Ha habido otros antecedentes de bancos que han venido de afuera, con los cuales hemos perdido hasta siete meses esperando esa carta porque el regulador de origen no entendía el propósito de esa exigencia. Ese cambio que haremos contribuirá a aligerar solicitudes que incluso en el pasado se han negado por esa razón.

-¿El proceso de Revolut cuánto podría tomar como máximo?

El plazo que está en el TUPA es de cerca de 10 meses, pero nosotros estamos inmersos en un proceso de cambio cultural. Una de las cosas que estamos tratando de cambiar es que el TUPA sea nuestro ‘benchmark’.

-¿Buscan el plazo de cinco meses y medio, como en el caso de BTG Pactual o incluso un menor período de tiempo?

Correcto, ese es el reto. En algunos casos depende de que la información [de la entidad] esté completa. Si me plantean un estudio de factibilidad que incluye cobrar algo que la ley peruana no permite, no puedo avanzar sobre eso y se tiene que modificar. Ahí a veces hay tiempos muertos, pero lo que no queremos es que los tiempos muertos sean nuestros.

-¿Se están planteando más cambios en el proceso de licencias para entidades financieras?

Estamos trabajando en dos extremos: uno, que es inmediato, es poner la pelota donde tiene que estar. La responsabilidad de tener opinión del regulador de origen ya no será del solicitante, sino mía, que soy el supervisor, para llegar a mi conclusión. Eso se va a hacer este mes. Lo otro es que se puedan tener licencias para dos o más modalidades del tipo de empresa que está en la ley: que una empresa pueda solicitar licencia de dinero electrónico y de préstamo de dinero a la vez. Que ya no tenga que pedir primero una licencia y luego la otra. Eso no va a ser inmediato, pero se está trabajando en la norma también.

-¿Eso se tendría listo este año?

De todas maneras. Es una de las prioridades que le he pedido al agente de regulación. Podría estar antes de que culmine este primer semestre.