Un privilegio es un derecho especial que una persona tiene y que le permite acceder a recursos, oportunidades o a un trato diferenciado. Es decir, la pone por encima del resto de las personas. Para nuestros políticos de izquierda, haber ido a un colegio de élite, haber estudiado en una universidad en el extranjero o incluso nacer en una familia rica es considerado un privilegio. Y sin duda lo es. Pero también es un privilegio trabajar en una empresa que da bonos, préstamos sin intereses y cubre los costos de alimentación para las vacaciones, y da apoyo de escolaridad para los hijos hasta los 25 años. Cuando esa es una empresa pública, estos beneficios dejan de ser un privilegio para convertirse en un abuso.
Petro-Perú es la empresa que ofrece todas estas gollerías y más a sus trabajadores, pese a estar quebrada y haber recibido S/17.000 millones del Estado entre el 2022 y 2025. Monto que equivale al presupuesto anual de Essalud y que no ha servido para poner a flote la compañía o siquiera reducir considerablemente sus deudas. De hecho, Petro-Perú sigue acumulando pérdidas, con proveedores con deudas enormes y funcionarios agarrados con uñas y dientes a sus privilegios.
Si la petrolera estatal fuese una empresa privada, hace tiempo que hubiese sido reestructurada o liquidada, porque ningún empresario mantiene una compañía que genera pérdidas millonarias año a año y cuya situación no puede revertirse en el corto plazo. Pero como es una empresa pública, siempre puede voltear con la mano extendida a pedirle una ayudadita al MEF.
En las últimas semanas se ha iniciado una discusión sobre su futuro. El gobierno interino de José Jerí le encargó a Pro Inversión la reorganización y segmentación de activos de la empresa en bloques patrimoniales autónomos para atraer inversión privada. Y esta a su vez le ha encargado la tarea a Deloitte. Es una extraordinaria noticia. Ya incluso se aprobó el presupuesto para los necesarios recortes de personal, ya que uno de los problemas que enfrenta es el sobredimensionamiento de la planilla y sus elevados costos laborales. Ese privilegio al que solo acceden unos cuantos con nexos con el poder de turno y vinculación política.
Los defensores de Petro-Perú pasarán por alto el despilfarro de los últimos años, y el hecho de que la deuda de la empresa hoy ascienda a US$5.000 millones, para sostener que la petrolera es una industria “estratégica” y, por ello, debe seguir siendo estatal. Pocas luces y muy poca vergüenza, sobre todo cuando el mal manejo de la empresa ha llevado a que Fitch Ratings le haya retirado las calificaciones crediticias.
Los trabajadores de la empresa han salido a marchar y están buscando generar presión por el temor a perder sus privilegios. Pero, además, en una muestra de populismo barato, el Congreso ha iniciado una moción de vacancia contra Jerí y el defensor del Pueblo ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia que ordena la reorganización de Petro-Perú.
La buena noticia es que, según Ipsos, el 60% de peruanos quiere que Petro-Perú se venda o liquide. Y por ello es momento de hablar sin miedo sobre la necesidad de privatizar Petro-Perú. No podemos dejarnos atarantar por quienes han capturado un privilegio a expensas de los millones de niños que no tienen acceso a salud o educación de calidad, o a las millones de familias que no tienen agua y desagüe.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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