La educación pública constituye uno de los fundamentos del Estado democrático porque es el principal instrumento para impedir que el acceso al conocimiento y las oportunidades de desarrollo dependan de la capacidad económica de las familias. No se trata únicamente de prestar un servicio, sino de cumplir la responsabilidad esencial de garantizar que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades y participar en la sociedad en condiciones más equitativas. Por ello, defender la educación pública no significa justificar sus deficiencias ni rechazar la participación de instituciones privadas. Significa asegurar que la escuela pública y la universidad pública ofrezcan una formación de calidad y constituyan un verdadero camino de movilidad social.
En el Perú, esta responsabilidad adquiere particular importancia en la educación superior. Según el Consejo Nacional de Educación, solo tres de cada diez peruanos acceden a este nivel y, entre quienes lo hacen, siete de cada diez estudian en instituciones privadas. Estas cifras muestran que la ampliación de la cobertura ha descansado principalmente en la iniciativa privada y que la oferta pública todavía resulta insuficiente para atender las aspiraciones educativas de una parte importante de la población.
Esta situación tiene consecuencias directas sobre la igualdad de oportunidades. Cuando la oferta pública es limitada, la posibilidad de continuar estudiando depende en mayor medida de los recursos de cada familia. Quienes pueden pagar acceden a un abanico más amplio de instituciones; quienes no pueden hacerlo deben competir por un número reducido de vacantes públicas, optar por alternativas de menor costo o abandonar sus aspiraciones educativas. La expansión privada puede ampliar las opciones disponibles, pero no sustituye la obligación del Estado de garantizar una formación accesible y de calidad.
La evidencia también muestra diferencias importantes en la calidad de la oferta universitaria. Según la Sunedu, la mayoría de las instituciones que no cumplieron las condiciones básicas de calidad durante el proceso inicial de licenciamiento eran privadas. Asimismo, su *II Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú* señala que los egresados de universidades con mayor producción científica presentan mejores perspectivas laborales. Estos resultados no permiten afirmar que toda universidad pública sea superior a una privada, pero sí cuestionan la idea de que la expansión del mercado, por sí sola, garantiza una mejor educación.
Fortalecer la universidad pública requiere mayores recursos, aunque no solamente un incremento presupuestal. Una investigación desarrollada por especialistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y publicada por el Consorcio de Investigación Económica y Social advierte que una mayor asignación no asegura mejores resultados cuando persisten dificultades de gestión y ejecución. Por su parte, el Consejo Nacional de Educación plantea la necesidad de un financiamiento suficiente, bien utilizado y orientado al acceso y la calidad. Esto supone contar con planes concretos para ampliar vacantes, mejorar la infraestructura, fortalecer la investigación y consolidar una carrera académica basada en el mérito y la excelencia.
Ampliar la oferta pública tampoco significa crear universidades sin asegurar previamente su viabilidad. En 2025, el Consejo Nacional de Educación cuestionó la aprobación de veinte nuevas universidades públicas sin estudios técnicos ni previsiones presupuestales. Multiplicar instituciones sobre el papel puede dispersar los recursos y debilitar a las universidades que ya funcionan. La prioridad debería ser fortalecer las instituciones públicas licenciadas, ampliar su capacidad y promover nuevas sedes allí donde exista una demanda comprobada y condiciones para sostener una formación de calidad.
La defensa de la educación pública no supone, por tanto, una oposición a la iniciativa privada. El Estado no tiene que ser el único proveedor de educación, pero su responsabilidad no termina al permitir que el sector privado cubra la demanda que la oferta pública no puede atender. La coexistencia de ambos sistemas puede ser beneficiosa siempre que toda la oferta cumpla estándares rigurosos y que la educación pública represente una opción real, accesible y de calidad. De lo contrario, dejará de funcionar como un camino para reducir desigualdades y se convertirá en el premio consuelo para quienes no pueden pagar otra. Una sociedad democrática no puede aceptar que el origen económico determine las oportunidades educativas y, con ellas, el destino de las personas.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Deja una respuesta